El Ejecutivo ha estudiado las diferentes posibilidades legales que se pueden plantear, y es plenamente consciente de que los sucesivos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) sobre las diversas iniciativas de Batasuna para garantizar su propia sustitución han limado la capacidad inicialmente demostrada por la Ley de Partidos, al tiempo que se ha ido perfeccionando la competencia de los radicales para orillarla y burlarla.

En primer lugar, el Gobierno tiene la convicción de que Batasuna va a presentarse a las próximas elecciones municipales con sus siglas, e incluyendo en sus listas a los miembros de la mesa nacional que la representa. En el previsible caso de que la formación ilegalizada no pueda superar ni siquiera los primeros controles democráticos, el Ejecutivo cuenta con que sus dirigentes presentarán plataformas electorales de sustitución que, en esta ocasión, tienen más posibilidades de prosperar.

Los dirigentes de Batasuna llevan meses asegurando que, sea del modo que sea, piensan estar en los próximos comicios sin tener que condenar el terrorismo. Las posibilidades que la ley ofrece son varias y algunas de ellas, efectivamente, pueden permitir que la izquierda abertzale sortee los efectos de la Ley de Partidos. Sus representantes no estarán bajo las siglas de Batasuna y sus dificultades organizativas y de conexión serán mayores, pero no se descarta que puedan ocupar un considerable número de concejalías.

Los expertos judiciales consultados reconocen que, incluso, se puede dar el caso de que, si el Estado no logra demostrar que Batasuna ha ideado en una estrategia preconcebida la presencia de sus dirigentes en las instituciones, probablemente no pueda evitar que los miembros de la mesa nacional de Batasuna -de manera «individual» y haciendo uso de sus derechos-, accedan a las instituciones.

En primer lugar, en el momento en el que Batasuna se presente con sus siglas, el Ejecutivo da por hecho que las Juntas Electorales vascas se van a negar a convalidar a los candidatos de la formación ilegalizada. Si por alguna razón, este mecanismo de control fallara, el Ejecutivo está preparado y ha tomado la determinación de presentar los recursos correspondientes directamente ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo.

Tres posibilidades

Una vez descartada Batasuna, a la izquierda abertzale le quedarán en ese caso tres posibilidades: presentarse bajo la marca electoral del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) -pero esta vez, no a nivel parlamentario sino municipal-; inventar otra plataforma que aglutine todas sus candidaturas bajo un mismo nombre -como ocurriera con AuB en los comicios forales de 2003-, o presentar candidaturas con nombres distintos para cada ayuntamiento y para cada una de las tres diputaciones provinciales vascas.

La extensión del uso del PCTV encierra el peligro de la posibilidad de contaminación del grupo parlamentario que, a pesar de las evidentes conexiones con Batasuna, no fue recurrido en su día por los órganos del Estado y ha permitido que se la izquierda abertzale conserve el espacio político en el Parlamento vasco.

Los otros dos casos son los que Batasuna podrá en marcha con mayor probabilidad consciente, además, de que implican un monumental desgaste para la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En los comicios municipales de 2003, el Ministerio Público y los letrados del Estado recurrieron alrededor de 300 plataformas electorales presentadas por la izquierda abertzale en el País Vasco y en Navarra, y la mayor parte de ellas fue declarada ilegal.

Con posterioridad, Batasuna reiteró sus intentos en cada una de las citas electorales convocadas. En la mayor parte de ellas, como es el caso de Herritarren Zerrenda o Aukera Guztiak, con escasa fortuna. Sin embargo, cada vez que las distintas partes han acudido a los tribunales, los radicales han ido perfeccionando el modo de orillar la ley y la tendencia garantista de la Administración judicial ha hecho que las dificultades previas con las que contaban de manera inicial, fueran disminuyendo.

Es el caso, por ejemplo de la eliminación de listas por la contaminación que los candidatos provocan sobre ellas. En las municipales de 2003, era prueba suficiente para que el Supremo declarase ilegal una lista, el hecho de que varios o incluso uno de sus integrantes hubiera tenido un puesto relevante en el pasado en las listas de Batasuna.

En las elecciones autonómicas del pasado año, el Constitucional ya precisó respecto de Aukera Guztiak que no podía «admitir» que se diera trascendencia a que dos de las candidatas los fueran en el pasado por HB, ni a que la mayor parte de los avalistas fueran miembros de la izquierda aberzale. Aunque el Tribunal Constitucional dijo estar de acuerdo con la decisión del Supremo, en aquella ocasión asumió apenas cuatro de los datos objetivos obtenidos como pruebas por la Sala del 61.

Cuando, poco después y finalmente, el Gobierno se vio en la disyuntiva de recurrir la lista sustitutoria, la de Tierras Vascas, eludió referirse a la conveniencia política de no hacerlo en aquellos momentos y razonó su postura basándose en el alto grado de probabilidades que había de que el Constitucional no aceptase las demandas y le dejase en evidencia.