Unas conversaciones telefónicas grabadas al presidente de Anfi, Santiago Santana Cazorla -detenido en la operación Góndola- con el presidente del Ejecutivo, Adán Martín, como interlocutor, podrían ser consideradas tráfico de influencias. Por ello, el juez que investiga el caso ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una pieza separada para que decida sobre la implicación de varios aforados en esta causa.

Otras de las conversaciones grabadas en la investigación policial podrían tener relación con el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, y el director general del Gabinete del Presidente, Salvador Iglesias.

Desde el Gobierno de Canarias se ha emitido un comunicado en el que se dice que la institución «se ha ajustado absolutamente a la legalidad» en la tramitación del expediente turístico Anfi-Tauro y que «está seguro de que las investigaciones judiciales exonerarán de toda responsabilidad a los miembros del Ejecutivo».

Presiones

El consejero de Medio Ambiente dice que no ha recibido «presiones» de Cazorla «ni de nadie». Recuerda que cualquier administrado, sea o no empresario, tiene derecho a defender las tesis de sus solicitudes y a estar informado sobre su tramitación.

«El Gobierno desmiente rotundamente cualquier trato de favor a Santiago Santana Cazorla, a quien no ha negado información sobre el contenido del expediente Anfi-Tauro, como determinan las leyes, sin que ello pueda considerarse una infracción, sino todo lo contrario», subraya la nota del Ejecutivo regional.

Parece ser que el Gobierno notificó al interesado su posición en relación a su expediente, concediéndosele un plazo de 10 días para que realizara, si así lo consideraba, las alegaciones pertinentes.

Para el candidato socialista a la Presidencia de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, la «presunción de inocencia está garantizada en los tribunales y quien confíe en ella no tiene nada de qué preocuparse».