El cobro del 1,5% de la facturación de las empresas de telefonía móvil, por la ocupación de un dominio público, ya se está aplicando en otros municipios, sobre todo en Cataluña. No se conoce el volumen concreto de estas compañías pero el cálculo se hace a través de una estimación.

Esta tasa no supondría ninguna reforma de la Ley de Haciendas Locales sino que podría imponerse, simplemente, con una ordenanza aprobada en el Ayuntamiento.

De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tiene colgadas dos ordenanzas tipo para que cualquier consistorio comience a cobrar este impuesto. «Ya hay sentencias que reconocen que la telefonía móvil hace un uso del dominio público. Además, su facturación va creciendo cada año mientras que a quien más se le grava es a la telefonía fija», asegura la directora general de Tributos del Ayuntamiento de Madrid, Rosana Navarro.

La Concejalía ha calculado que sólo aprobar esta ordenanza y pasarle el recibo a las empresas de telefonía móvil, introduciría 22 millones de euros (más de 3.500 millones de las antiguas pesetas) en las arcas municipales cada año.

Los expertos coinciden en que el volumen de facturación de estos negocios está subiendo sin parar, lo que podría hacer crecer la cifra que pagan al Ayuntamiento de Madrid.

Pero el de las telefonías móviles, que ya ha tenido el respaldo de los tribunales en algunos de los municipios donde se está cobrando, no es el único pago que quiere el Gobierno de Ruiz-Gallardón. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha enviado una propuesta al ministro de Economía, Pedro Solbes, para que los consistorios puedan cobrar un poco más a este sector.

En un principio, los gobiernos locales pensaron en gravar a las oficinas por la ocupación de la vía pública que hacen sus usuarios cuando van a sacar dinero en la calle. Sin embargo, esta tasa no sería muy rentable, porque lo que se invade de la acera es mínimo: los pies de la persona que está sacando dinero.

Por eso, la FEMP ha solicitado que se le dé mayor capacidad a los ayuntamientos en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). «Lo que pedimos es poder bajar o subir el coeficiente corrector económico municipal para gravar o activar determinados sectores», explica la directora general de Tributos del Consistorio, Rosana Navarro.

La propuesta que tiene el Ministerio de Economía sobre la mesa es que las haciendas locales puedan multiplicar por tres lo que ellas reciben de IAE de un determinado sector (que es lo que Madrid quiere hacer con la banca) o bajarlo hasta la mitad, «por ejemplo como incentivo para algún tipo de industria que quiera que se asiente en la capital», aclara Navarro.

Multiplicar por tres el corrector permitiría ingresar en las arcas municipales de la capital más de 43 millones de euros, anualmente, de manos de uno de los sectores con mayores ingresos. «Ahora, los bancos están dejando en la capital poco más de 16,5 millones de euros», explica.

Esperando a Economía

En esta reforma sólo se incluiría a la banca, dejando fuera a las cajas de ahorro que tienen un régimen jurídico especial y realizan una labor social en los municipios.

Otra de las ventajas de cobrarles a través de un impuesto y no con la tasa de ocupación, es que los bancos no pueden recurrirla en los tribunales, aunque ya hay una sentencia que confirma que los cajeros hacen un uso de la vía pública.

La última palabra la tiene el Ministerio, que ve con buenos ojos la propuesta técnica pero está a la espera de la reforma de la Ley de Haciendas Locales que lleva años anunciándose y años retrasándose, aunque en este viaje, Madrid cuenta con el apoyo de otros grandes ayuntamientos como el de Barcelona.

El Gobierno municipal también está esperando, como agua de mayo, esa reforma. La Ley de Capitalidad que se aprobó el año pasado sólo le ha servicio al Consistorio de forma nominal pero no ha aportado ni un céntimo más a las arcas municipales, como reclamaba el Gobierno de Gallardón.

De hecho, lo que quiere Hacienda es que en esta modificación se dote a Madrid de una mayor participación en el IRPF de sus ciudadanos, «para aprovecharnos de la riqueza que producimos», argumentan, aunque eso suponga una rebaja en el aporte de las transferencias que ahora disfruta.

El Ayuntamiento también pretende conseguir más capacidad normativa para modificar, por ejemplo, el IBI y diferenciarlo según tramos de valor catastral con bonificaciones de hasta el 50%.