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El debate sobre las drogas ha vuelto a reactivarse en España después de la última ocurrencia del consejero de Interior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que ha propuesto su legalización para acabar con el narcotráfico. Una de las principales funciones de los poderes públicos debe ser trabajar para proteger la salud de los ciudadanos. Por ese motivo, cualquier gobierno responsable debe buscar permanentemente fórmulas para evitar el impacto de la toxicidad de estas sustancias en la población. Incluso con las drogas legales, la administración pública establece mecanismos para restringir y limitar su uso, como pasa en España con el tabaco.

La legalización de las drogas las haría más accesibles y una mayor disponibilidad de éstas provocaría un aumento del consumo. Además, excepto el consejero Joan Saura y sus antisistema, nadie duda hoy de que los traficantes no respetarían la prohibición de vender drogas a menores, con lo que siempre existiría un mercado ilegal.

Los abolicionistas miran a Holanda como referente de la no prohibición del consumo de drogas. Desconocen o no quieren saber que en Holanda se han limitado las cantidades que pueden comprarse en los coffee-shop y se están poniendo nuevas trabas a la apertura de estos establecimientos.

Resulta sorprendente que quienes apuestan por la legalización como instrumento para acabar con el narcotráfico no se hayan parado a pensar lo que está ocurriendo con las drogas que ya son legales en nuestro país. En España, el tabaco es una droga legal y, a pesar de ello, cada año se aprehenden decenas de miles de cajetillas de tabaco de contrabando. A pesar de que el tabaco es una droga totalmente legal y absolutamente accesible, siguen habiendo mafias que trafican con él. También el alcohol es legal y a pesar de ello, sigue habiendo locales en los que se adultera el alcohol y se vende a menores.

Además, los que plantean que en España las drogas deberían ser legales tendrían que ser conscientes de que su legalización no puede ser una decisión unilateral de un país, y mucho menos de una comunidad autónoma, por mucho que lo diga el tripartito. Para empezar a plantearse en serio una decisión de este tipo debería haber un acuerdo internacional que hoy no existe. Ni la Organización Mundial de la Salud ni la comunidad internacional creen que las drogas deban ser legalizadas. Tampoco resulta válida, desde mi punto de vista, la distinción entre las llamadas drogas duras y blandas. Las drogas son drogas, y distinguirlas, dulcificando los efectos de algunas, no hace más que incentivar su consumo. El discurso de las drogas blandas las hace más atractivas y, por tanto, los jóvenes no las perciben de manera perjudicial y acaban convirtiéndose en la puerta de entrada a otro tipo de drogas, igualmente perjudiciales.

A pesar de que en España no es un delito el consumo privado de drogas, debemos formar a los jóvenes en la cultura de la salud, con independencia de que las drogas sean legales o ilegales. Sería paradójico que mientras todos aceptamos que hay que endurecer las medidas contra el consumo de tabaco porque supone un grave problema de salud, otros estuvieran fomentando el consumo o minimizando sus efectos.

Daniel Sirera es portavoz adjunto del PP en el Parlamento de Cataluña.