Ser funcionario es la aspiración laboral de la mayoría de los jóvenes españoles. Nada menos que dos de cada tres menores de 30 años prefieren ingresar en el sector público a tener un contrato fijo en una empresa privada, según una encuesta del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Las razones hay que buscarlas no sólo en la precariedad o la temporalidad de los empleos del sector privado, sino, sobre todo, en la idiosincrasia de los españoles, quienes estudio tras estudio muestran su reticencia a cambiar de ciudad -aunque eso suponga rechazar un buen empleo- y su casi nulo espíritu emprendedor. Su sueño está en tener un empleo vitalicio con horario limitado y un sueldo medio. Es decir, funcionario.
Es una opción que, a juzgar por la tendencia de los últimos años, tiene mucho futuro. No ha habido en nuestra democracia un solo gobernante -nacional o autonómico- que no haya cedido a la tentación de aumentar el número de nóminas a cargo del Estado. Durante los Gobiernos de Felipe González se crearon 250.000 nuevos empleos públicos; durante los de Aznar -a pesar de su promesa en sentido contrario- el número de funcionarios aumentó medio millón; y en la etapa de Zapatero el empleo público crece a una media de 100.000 por año. ¿El resultado? España tiene ya casi tres millones de funcionarios, una quinta parte de su fuerza laboral.
Estas cifras son aún más apabullantes si se desciende al ámbito autonómico, principal responsable del crecimiento en la contratación de funcionarios. En Extremadura, por ejemplo, el 30,5% de los asalariados son empleados públicos, casi el doble que en Madrid aunque en la capital se concentre la Administración central.
Con la transferencia de competencias al ámbito autonómico, resultaba imprescindible que las comunidades aumentaran sus empleados públicos, pero eso no ha supuesto, como hubiera sido lógico, reducir los de la Administración central, que sólo este año ofertará 33.000 nuevas plazas. Ni siquiera la inversión en informática y su consiguiente disminución del trabajo real se ha notado en el número de puestos, tal y como sí ha ocurrido en el sector privado.
Ningún político tiene el arrojo de acometer una reforma que año tras año se muestra más necesaria. Valga como ejemplo el ministro Jordi Sevilla, quien prometió que acabaría con el carácter vitalicio de los funcionarios y lo único que se ha atrevido a incluir en su nuevo Estatuto es que si el empleado público no cumple con su trabajo podrá ser destinado a otro lugar. Al fin y al cabo, tres millones de funcionarios son, como mínimo, tres millones de votos.
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