Los estudios del Gobierno inciden en que el Tribunal Constitucional ha ido elevando el listón de las garantías, de suerte que ya no admite que haber figurado previamente en las listas de Batasuna o ser militante de este partido sea una razón que invalide una lista electoral. Ello abre la puerta para que Batasuna concurra con una nueva denominación que aglutinaría sus candidaturas en los municipios de las tres provincias vascas y Navarra.

Batasuna, al parecer, descarta volver a utilizar el PCTV como mascarón político, ya que prefiere dejar estas siglas como una última alternativa si fallan todas las demás.

La Ley de Partidos impide a Batasuna, ilegalizada por sentencia del Supremo, presentarse como tal a cualquier elección democrática. Pero ciertamente vivimos en una democracia con un sistema garantista de libertades que facilita a los dirigentes de la izquierda abertzale buscar rendijas para burlar la legalidad vigente.

De una forma u otra, Batasuna se quiere presentar a las elecciones municipales por dos motivos que a nadie se le escapan. El primero es la importancia política de tener representantes en los municipios vascos que constituyen la base para movilizar a sus militantes. El segundo es obtener las subvenciones y los recursos económicos que comporta el poder municipal.

Si Batasuna va a hacer lo posible para concurrir a estos comicios sin distanciarse de ETA y sin condenar la violencia, el Estado de Derecho tiene que utilizar todos los recursos legales para impedirlo.

El fiscal general del Estado, como garante de la legalidad, ya debería haber tomado la iniciativa en investigar la estrategia de Batasuna e intentar reunir pruebas para impedir su propósito.

No parece, sin embargo, que el Gobierno -presionado por el PNV- tenga la voluntad política de impedir que Batasuna pueda presentarse a las elecciones bajo otra denominación. Los contactos entre Patxi López y Arnaldo Otegi refuerzan esta impresión.

Será, no obstante, muy importante la actitud del nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que tiene la obligación institucional por su cargo de impulsar la maquinaria legal del Estado para evitar que Batasuna cumpla su propósito. Sus informes contrarios como fiscal del Supremo a la ilegalización del PCTV sientan un mal precedente. El Estado tiene medios legales para que Batasuna no burle la ley, pero tiene que ser el Gobierno el que movilice esos recursos para impedir que se consume el fraude.