La ciudadanía fue dándose cuenta poco a poco de que en las elecciones autonómicas de 2003 lo que se decidía no era quién iba a gestionar el pospujolismo. Aquellos comicios dejaron claro que, aunque el grupo con más partidarios era el nacionalismo moderado de Jordi Pujol, la población de Cataluña había decidido que había llegado la hora de las izquierdas. Así lo entendió también el propio Maragall, pero éste suele ir demasiado adelantado intelectualmente para ser comprendido por sus contemporáneos. Si el Estatut de 1979 ya había dado de sí todo lo que podía dar, si Pujol desaparecía de las escena política, había que cambiar las reglas del juego.El Estatut del 79 había seguido funcionando porque Pujol estaba ahí para ir llevando a cabo su política de peix al cove gracias a la ambigüedad del texto estatutario y a que durante los años 90 España conoció gobiernos débiles, apoyados en mayorías parlamentarias insuficientes sin el concurso de los diputados de CiU. Una situación que cambió radicalmente en marzo de 2000, cuando, por primera vez desde la muerte del General Franco, se alzaba con la mayoría absoluta una fuerza de derechas.

Sin Pujol, Cataluña necesitaba un instrumento legal que no dependiera de una personalidad arrolladora como la del viejo ex mandatario.Como es habitual, a Maragall no le entendieron ni en su propio partido y mucho menos en su referente español, el PSOE.

De entre algunos de los suyos y de entre los de el popular Josep Piqué, que paradójicamente era uno de los pocos políticos que hacía oposición a Maragall precisamente porque comprendía sus planes y en que estado estaba su proyecto político, nació una iniciativa como Ciutadans, que no quería periodos constituyentes revestidos de apelaciones a los símbolos patrios, sino un Gobierno que gobernara. De hecho, Ciutadans acabaría manifestándose como un reducto pujolista en el que, por desgracia, no cabía ni la inmersión lingüística ni el modelo educativo de Pujol, pero sí casi todo lo demás. Eran pues un extraño fenómeno: pujolistas en castellano.

Piqué mantuvo dos estrategias. Primero intentó hacerle el juego a Maragall desde dentro. Pero, cuando su propio partido le paró los pies, tuvo la capacidad de explicarles cuál era la única fórmula de acabar con el modelo de Maragall: tratando la reforma del Estatut tal como había nacido en la mente de Maragall, una fase constituyente. El truco consistía en dejar claro que la reforma del Estatut no afectaba sólo a Cataluña sino que suponía un cambio de las relaciones de Cataluña con España y por lo tanto era de facto una reforma constitucional.

Las elecciones del 1 de noviembre del año pasado volvieron a ratificar que la ciudadanía quería dar una oportunidad a la izquierda para que gobernara con esas nuevas formas que los ciudadanos aprobaron por referéndum el pasado 18 de junio. Convergència i Unió fue la fuerza más votada y la que más escaños obtuvo, pero se había aislado tanto de su izquierda como de su derecha y poco pudo hacer con sus 48 escaños. El PSC, en cambio, pese a que José Montilla resultó peor candidato que presidente y que pagó en las urnas la forma de quitar de en medio a Maragall, logró aglutinar en torno a su partido un nuevo tripartito con 70 escaños. Había llegado la hora de gobernar dels altres catalans.Pero cuando parecía que ya se podía hacer política en Cataluña, sería Zapatero quien empezaría a hundirse en las arenas movedizas del proceso vasco de paz en el que entró sólo y no parece que nadie vaya a lanzarle un cable, de momento. El PP, que no ha digerido la derrota del 14-M (de 2004) ha diseñado una política de oposición arriesgada pero eficaz. De momento ha mantenido movilizada a su parroquia más fiel y derechona durante casi tres años. Ahora llega el momento de convencer a esa horquilla de tres millones de españoles que votan izquierda o derecha en función del proceso político. Parecía que lo que se imponía era un giro al centro que demostrara a ese electorado decisivo que no son sólo un grupo de agitadores que bajan de la montaña, sino un partido capaz de gobernar al estilo europeo.

Pero la propia depresión política de Zapatero y los reveses de la política española dificultarán el trabajo a Mariano Rajoy.Primero llegó la cuestión de José Ignacio de Juana Chaos que, hoy por hoy, es un preso político. Asesino convicto de 25 personas, cumplió condena por esos 25 asesinatos tras pasar 23 años en la cárcel. La presión de la derecha política y mediática se hizo insoportable para el débil fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que decidió procesarle por dos artículos de opinión en el diario Gara y pedir inicialmente 96 años de cárcel, para reducirlo luego a 12. Fue condenado. Pero su huelga de hambre y el espectacular reportaje del Times de Londres -propiedad de Rupert Murdoch, de quien es consejero José María Aznar- le pueden convertir en el Bobby Sands español. Con una diferencia, Zapatero no es Thatcher, ni el País Vasco el Ulster. La situación en las calles vascas si De Juana muere son imprevisibles.

Y, cuando ya nadie lo esperaba, el Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse sobre el Estatut, ha aceptado la recusación propuesta por el PP del magistrado Pablo Pérez Tremps, porque antes de llegar al TC realizó un dictamen que se incorporó en el texto y por el que percibió 6.000 euros. Si permanece en el Tribunal deberá abstenerse, lo que rompe el empate técnico que se mantenía hasta ahora. Con cierta inteligencia, antes de la recusación del PP, el PSOE podría haberle sacado del TC para un cargo de la misma categoría, y evitar así que el Gobierno de Montilla acabe siendo provisional como el de Tarradellas o el de Maragall. Con tanta munición para los demagogos, va a ser difícil que el PP deje de tomar esa fórmula que convertía al educado y cortés doctor Rajoy en el pérfido, siniestro y brutal señor Zaplana.

felix.martinez@elmundo.es