Hacía muchos años que los precios de la telefonía, que han venido reduciéndose de forma significativa desde la liberalización de 1998, no sufrían un incremento tan marcado.

Los principales operadores móviles, sin embargo, han aprovechado su adaptación a la nueva Ley de Protección de Consumidores y Usuarios, que prohíbe el redondeo, para aumentar un 25% el establecimiento de llamada y fijar subidas medias en el coste de las llamadas de entre el 10% y el 15%, dependiendo de la compañía y del tipo y duración de llamada.

Por su parte, Telefónica de España ha aprovechado que 2007 es el primer año de su historia en el que goza de libertad para fijar sus tarifas con el fin de encarecer las llamadas metropolitanas, provinciales, interprovinciales y de acceso a internet de banda estrecha un 3,7%. Además, desde el 1 de enero aplica una subida del 2% en su cuota de abono mensual, que ha pasado de 13,43 a 13,7 euros, excluyendo el cobro del IVA.

Acusaciones

Esta avalancha de subidas en los precios telefónicos ha levantado fuertes críticas desde las organizaciones de consumidores y usuarios, que no sólo ponen el dedo acusador en las propias compañías, sino también en el Gobierno y en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Estas organizaciones recuerdan que en 2006, el entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, dijo en varias ocasiones que las tarifas de telefonía móvil eran muy altas en España y su intención era tomar las medidas oportunas para que éstas bajaran.

Su opinión coincidía con la de la Comisión Europea, que en las comparativas de precios entre los 25 países integrantes, había detectado que las tarifas móviles en España estaban por encima de la media. En la misma línea se pronunció el presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, que también se comprometió en el Senado, en la presentación del informe anual, a buscar fórmulas para que bajaran las tarifas móviles, pero también las de ADSL, que son mucho más caras en España que en el resto de los países vecinos de la vieja Europa.

Pero las operadoras no sólo no han bajado los precios para alivio del bolsillo del ciudadano, sino todo lo contrario. En la actualidad están subiendo las tarifas, ante la pasividad de la Administración y el regulador, según alertan las asociaciones de consumidores, que advierten de que en el caso de los móviles, las empresas aprovechan la desaparición del redondeo para elevar más tarifas, en lugar de equilibrarlas. «El impacto neutro para el consumidor no se ha cumplido», denuncian.

Las tarifas de telefonía móvil y fija para el cliente final están completamente liberalizadas, de modo que las compañías de telecomunicaciones tienen libertad absoluta para fijarlas. Ni la Administración central ni el regulador pueden intervenir. Pero las organizaciones de consumdores exigen al organismo responsable de su supervisor que establezca mayores rebajas de precios en el mercado mayorista (precio que se cobran los operadores entre sí por la interconexión de las redes) y que obligue a las empresas a que trasladen estas rebajas al usuario final.

Pero además, estas asociaciones han tenido que presionar, y posteriormente denunciar, al Ministerio de Economía y Hacienda para que investigue el supuesto pacto de precios entre Movistar, Vodafone y Orange, que han coincidido en elevar un 25% -al pasar de 12 a 15 céntimos-, el precio del establecimiento de llamada.

Más investigaciones

Defensa de la Competencia investigará si las tres principales compañías, que controlan el 99% del mercado en España, han incurrido en prácticas anticompetitivas. Un caso similar se dio en Francia y el Gobierno impuso, en 2005, una multa de 534 millones de euros a los tres operadores móviles principales por pactar sus precios entre 1997 y 2003.

La organización Facua cree que hay otra vía para que el Gobierno controle el precio de establecimiento de llamada -precisamente, el que más se ha encarecido-, ya que la nueva ley establece que éste ha de estar ligado al coste real que tiene para la compañía.

Facua denuncia que los operadores van a cobrar hasta 15 céntimos de euro por el inicio de la llamada, cuando su coste real «podría situarse en un céntimo», de forma que no estarían cobrando por «el servicio efectivamente prestado». Por ello, esta organización pide la intervención del Ministerio de Sanidad y Consumo, del que depende la nueva normativa, para que analice cuál es el coste real y obligue a las compañías a ceñirse a él.