La ANPB, que hizo este anuncio en un comunicado, añadió que, por el contrario, la citada regularización «beneficiará» a las empresas que trabajen mayoritariamente con clientes de buen perfil financiero que requieran cualquier tipo de producto de crédito y hallen en el intermediario financiero una solución adecuada a sus necesidades.

Además, la ANPB explicó que, si la regularización supone una «garantía absoluta de transparencia» en las tarifas cobradas, sobre todo, aseguró, «cuando se acude a la desesperada al capital privado», así como medidas «antiusura» que impidan que un particular llegue a pagar intereses del 40%, estar dentro de la ley supondrá obtener ingresos menores por cada operación o bien «la normativa que se apruebe».

Ante esta disyuntiva, la ANPB prevé la desaparición de una gran cantidad de microempresas dedicadas en exclusiva a la intermediación entre personas con problemas financieros e inversores privados que hayan encontrado en este mercado «un canal inversor de altísima rentabilidad».

La ANPB explicó, al respecto, que se calcula que la mitad del sector está formado por este tipo de empresas «que carecen de la dimensión necesaria para sobrevivir con tarifas ajustadas y transparentes».

Además, señaló que la ANPB aconseja que se hagan operaciones con la intervención de capital privado sólo en «puntualísimas» ocasiones, en las que el problema que causa la dificultad está superado y a corto plazo se vaya a recuperar la solvencia.

La Agencia considera que cerca de un 10% de las refinanciaciones hipotecarias son operaciones de «alto riesgo», no aprobadas por entidades financieras tradicionales, por lo que sus titulares, con mediación de supuestos «asesores financieros», acuden a préstamos de inversores privados en condiciones «que casi nunca pueden ser cumplidas». En esos casos, asegura la entidad, «se produce la automática ejecución de las garantías con un altísimo coste económico o, lo que es peor, la pérdida de la vivienda en propiedad».

Según los cálculos barajados por la ANPB, el volumen de estas operaciones financiadas por capital privado alcanzó sólo el año pasado un total de 2.000 millones de euros. La Agencia estima que la refinanciación con capital privado «agrava» la situación financiera de cualquier particular.