A pesar de que se garantizó lo contrario, la recuperación de los cuerpos de los 30.000 desaparecidos de la Guerra Civil se encomienda a la subvención municipal del voluntarismo. A pesar de que se garantizó lo contrario, los agentes de la Guardia Civil siguen sin gozar de libertad de expresión. A pesar de que se garantizó lo contrario, el melón de la eutanasia debatida no se abrirá en esta legislatura... Sus socios de izquierda se lo recuerdan al Gobierno cada vez que tienen una mínima oportunidad, como un cobrador del frac social que vistiera de rojo. «Si te he visto, no me acuerdo».

Ley de Memoria Histórica.

Cuando Jesús Caldera azotaba al Gobierno popular desde el asfalto de Ferraz se fue hasta el Senado y pidió que el Estado financiara con un millón de euros los análisis de ADN de los muertos de cuneta. Hoy, su Gobierno socialista ha escrito una ley que no compromete el bolsillo estatal y que permite que las Administraciones locales subvencionen, si quieren, las exhumaciones que lleven a cabo los colectivos que se dedican a ello.

«El Gobierno no asume la búsqueda de los desaparecidos. Sólo insta a los ayuntamientos a facilitar nuestra labor. No habrá una oficina oficial, un lugar donde un funcionario busque en los archivos o tramite una ayuda estatal para buscar a su familiar desaparecido. El Gobierno delega la identidad de los Derechos Humanos en asociaciones de voluntarios. Cuando un familiar de un desaparecido llama a La Moncloa le dan nuestro teléfono». Es Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el único grupo que excava la tierra del franquismo.

La asociación y otros grupos, como IU, cuentan que los socialistas eran más «ambiciosos» cuando estaban en la oposición. Por ejemplo, hablaban de retirar los nombres franquistas de todas las calles y de momento la ley se ha quedado en la nomenclatura colgada de los edificios oficiales.

Eutanasia, de entrada no.

«Promoveremos la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados que permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a su despenalización y el derecho a recibir cuidados paliativos». Lo decían los folletos del programa electoral del PSOE para el periodo 2004-2008. A un año del final de la legislatura, nada hay bajo el sol del Congreso que alumbre algo parecido a un debate. Ni la proposición de despenalización de la eutanasia que ERC presentó en 2004, ni las propuestas de creación de una comisión parlamentaria que ha presentado varias veces IU han calado en la mayoría socialista del Congreso. «No hay apoyo social suficiente, ni clima necesario en la calle para abrir el debate en esta legislatura», dice el PSOE. O sea, ni legalización, ni debate, algo en lo que va coincidiendo con el PP, absolutamente contrario a la regulación de la eutanasia.

Por eso, al otro lado huele a decepción, pero con lucha. Carme García (IU-ICV): «El PSOE se comprometió a plantear el asunto en el Congreso en esta legislatura y se lo hemos pedido muchas veces. Aún está a tiempo de cumplir sus compromisos. Vamos a insistir porque ya es hora de romper este tabú inconcebible».

Derechos en la Guardia Civil.

El sábado 20 de enero eran un mar de charol bravío a ojos del Gobierno, pero antes remaron juntos, y hasta proyectaron remansos de aguas tranquilas de derechos y libertad de expresión.

Lo cuentan fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que recuerdan con estupor cómo antes de gobernar hablaron con los socialistas de lo suyo y ellos les «garantizaron» que «se resolvería en esta legislatura».

Cierto es que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de Reforma del Régimen Disciplinario, pero el gesto sabe a poco. Hay varios porqués: por un lado, la AUGC dice que «llega tarde» y que es muy probable que no se apruebe en esta legislatura. Por otro, denuncia que aún no se ha movido ni un papel del prometido Estatuto de Derechos y Deberes.

«Hemos llegado a dar ruedas de prensa conjuntas con los socialistas, cuando estaban en la oposición, defendiendo esto», señala un portavoz de la AUGC. «Y mira ahora... Se nos sanciona por recordarlo».

Educación laica.

En buena parte de la izquierda escolar, el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación ha supuesto un portazo a los históricos anhelos de laicismo en las aulas.

El programa electoral de los socialistas señalaba textualmente que el futuro Gobierno iba a «potenciar (...) una escuela pública y laica en los términos del artículo 27 de la Constitución».

Nada más lejos de fomentar lo prometido, el Ejecutivo ha tratado de evitar el choque frontal con la Iglesia en el asunto y ha optado por sacrificar el saber secular, olvidar los cantos de sirena franceses en la cuestión y mantener el lustre de los crucifijos... Palabra de la Ley de Educación: la Religión seguirá contando para pasar de curso en la Secundaria.

«Esto ha sido una cesión evidente a la jerarquía de la Iglesia; Zapatero debería haber sido igual de valiente que lo fue aprobando el matrimonio homosexual», opina Augusto Serrano, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, la fuerza sindical más votada entre los docentes.

Al menos en tres ocasiones, el Consejo Escolar del Estado -el máximo órgano consultivo del Gobierno en la materia- ha aprobado reclamar al Ejecutivo, en vano, que saque la Religión fuera del curriculo y se imparta fuera del horario escolar.

PIB en enseñanza.

El PSOE se comprometió a «incrementar el gasto por alumno en todos los niveles del sistema educativo hasta alcanzar la media de la UE al final de la legislatura».

El hecho es que el gasto actual pivota en torno al 4,4% del Producto Interior Bruto.

Según la memoria económica de la propia LOE, este montante subirá un 0,25% una vez que se haya implantado la ley, allá por 2010. Muy lejos del 5,2% del promedio europeo y sensiblemente menos que lo que se invertía hace 12 años en España, un 4,9%.