El sí a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo venció ayer en Portugal, con un porcentaje en torno al 59%. Aunque el referéndum acabó por no ser vinculante, ya que la abstención superó el 56%, el primer ministro José Sócrates aseguró que habrá alteración de la ley. «La interrupción voluntaria del embarazo hasta las 10 semanas de gestación por opción de la mujer en establecimiento legalmente autorizado dejará de ser un delito en Portugal», dijo el jefe del Gobierno luso, quien afirmó que «se respetará la voluntad de los portugueses».
Desde la sede en la que se encontraban los cinco movimientos a favor del sí, Maria José Alves recibió la noticia entre aplausos. «El sí ha ganado en el referéndum más representativo de siempre; este resultado da una señal inequívoca de la voluntad de los portugueses de alterar la ley», afirmó la portavoz, quien se mostró satisfecha porque «Portugal se unirá así a los restantes países del mundo occidental en el respeto de los Derechos Humanos».
Aunque la participación ciudadana no fue suficientemente significativa para poder alterar la ley sobre el aborto, el jefe del Ejecutivo ya había anunciado durante la campaña que bastaba un voto más del lado del sí para seguir adelante con la modificación legislativa. El Gobierno socialista luso, con mayoría absoluta en el Parlamento y el apoyo de los dos partidos de izquierda, tiene legitimidad política y jurídica para eliminar del Código Penal la pena de prisión hasta tres años a las mujeres que actualmente se someten a un aborto ilegal.
Los sectores más conservadores de la población podrán poner alguna objeción. «La votación de hoy mostró que el país está dividido», afirmó el líder del principal partido conservador, el socialdemócrata Luis Marques Mendes. «Por eso, los responsables políticos tendrán que asumir una actitud de moderación y consenso», añadió.
Cabe ahora al jefe del Gobierno portugués buscar ese consenso para dar continuación a la alteración jurídica. En la propuesta de la nueva ley, el Partido Socialista propondrá que las mujeres cuenten con un período de tres días de reflexión y que puedan asistir a una consulta médica para ponderar la decisión de seguir adelante con el embarazo, como avanzó anoche el primer ministro Sócrates.
Los juicios realizados durante estos ocho años a varias mujeres por haberse sometido a abortos fuera de la ley podrá haber sido uno de los detonantes para el cambio de la mentalidad portuguesa, tradicionalmente más conservadora. A pesar de los intentos de la Iglesia católica y de los movimientos contra la despenalización del aborto para convencer a los portugueses de que la actual ley era suficiente, los números de interrupciones voluntarias del embarazo clandestinas y los testimonios de las mujeres que han pasado por ellas ha sido más determinantes.
Se calcula que se realizan en Portugal en torno a 18.000 abortos clandestinos al año, muchos de los cuales acaban en complicaciones de salud para la mujer e incluso la muerte. El Partido Socialista se comprometió a la realización del referéndum durante la campaña electoral porque entendía que era la fórmula más legítima para dar continuidad a la primera consulta popular. La victoria del sí es también una victoria política del Gobierno luso.
España como alternativa
V. L.
El 14,3% de las mujeres portuguesas que se han sometido a un aborto lo han hecho en España. Cada año, unas 5.000 mujeres atraviesan la frontera para poner fin a un embarazo. Aunque la ley portuguesa del aborto (1984) es similar a la española (1985), la puesta en práctica no reconoce los daños psicológicos de la madre.
Según un estudio realizado por la Asociación para el Planeamiento Familiar (APF), el 15% de las mujeres lusas entre los 18 y los 49 años ha abortado, lo que supone una cifra en torno a las 350.000. La mayoría de ellas lo hizo por razones sociales, como la edad, condiciones económicas o el deseo de no tener hijos. En estas situaciones, viajar a España es la única alternativa que tienen para evitar un aborto clandestino. Desde hace varios años, la clínica extremeña Los Arcos se anuncia en la prensa lusa y algunos médicos portugueses se la aconsejan a las mujeres que llegan a la consulta. «Informar no es un delito, así que yo les digo que si pueden vayan a España», afirma el médico Vasco Freire, de la Asociación Médicos por la Elección.
Yolanda Hernández, directora de la clínica, asegura que cada año atienden a 4.000 mujeres lusas procedentes de todos los puntos de Portugal. «Cuando entran, miran a los lados para comprobar que todo es legal», dijo. En noviembre obtuvo una licencia del Ministerio de Sanidad luso para abrir la primera clínica en Portugal. «Independientemente del resultado del referéndum nos estableceremos en Lisboa», aseguró Hernández, que insistió en que no es necesario alterar la ley para «practicar abortos legales en Portugal».
