El director de Immigració, Oriol Amorós -de ERC como la consellera Capdevila- aseguró que los inmigrantes que «empiezan aprendiendo catalán, aprenden también castellano», pero díficilmente sucede al revés. En su opinión, es «más difícil» que los inmigrantes conozcan el catalán «sin ayudas públicas». Amorós destacó que desde el 2001 se ha producido «un boom impresionante» de los cursos de catalán para extrangeros.

La consellera quiso recalcar que el espíritu de la Ley de Acogida en ningún caso «plantea una carrera de obstáculos en la integración» de las personas recién llegadas. De hecho, la participación de la Generalitat en el proceso no es decisiva, puesto que el certificado de arraigo lo conceden los ayuntamientos y el permiso de residencia es responsabilidad última del Estado.

Acció Social ya cuenta con un documento de base que asienta los tres pilares básicos de lo que será la ley: la lengua, la sociedad y el trabajo. «La lengua es fundamental para desenvolverse en el territorio, así como el conocimiento de la sociedad de acogida, donde se pondrá especial énfasis en la transmisión de los valores democráticos y los derechos humanos», dijo Capdevila.

En el punto de la integración laboral, Acció Social baraja la posibilidad de un plan de acogida en las propias empresas. De este modo, los inmigrantes recibirían cursos y una formación específica dentro de su área de trabajo. «No es lo mismo hablar de lengua en un entorno abstracto que en un entorno concreto», señaló Amorós. Las empresas que se acogieran a este plan recibirían algunas «facilidades» o subvenciones por parte del Govern.

La nueva norma -que Capdevila prevé aprobar a lo largo del 2007- también potenciaría la formación en el país de origen para que los inmigrantes lleguen más preparados. En la misma línea, se potenciará la contratación en origen para que «los trabajadores con una determinada calificación profesional no lleven a cabo tareas de rango inferior» en España, indicó la consellera.

El proceso de acogida, entendido como «una etapa inicial y transitoria», es clave para facilitar la integración de las personas inmigradas, considera la consellera. Por eso, «sería lógico» que las personas que hayan pasado por este proceso tuvieran más facilidades para obtener el Informe de Arraigo que elaboran los ayuntamientos para regularizar su situación. «El proceso de acogida no tiene que dar ni quitar derechos» pero sí manifiesta la «voluntad de arraigo» por parte del inmigrante, explicó Amorós.

Tal y como marca la Ley de Extrangería, para conseguir el permiso de residencia, que otorga el Estado, es necesario presentar un contrato de trabajo, acreditar haber vivido tres años en España y que los entes municipales expidan un certificado de inserción social. El proceso de acogida «no puede ser obligatorio pero sí útil» para regularizar a los trabajadores extracomunitarios, señaló Amorós.

El avance que hizo la consellera de la nueva norma, despertó ayer duras críticas del secretario general de CCOO, Joan Coscubiela, que lamentó que se hiciera público el contenido de la ley antes de debatirla con los sindicatos y los agentes sociales. Coscubiela se quejó de que el viernes hay una reunión prevista con el presidente de la Generalitat para tratar, entre otros, el tema de la inmigración e instó al Govern a «poner orden dentro suyo».

Además, Coscubiela discrepó de que aprender catalán sea uno de los requisitos principales para favorecer la integración de los inmigrantes: «La acogida de los trabajadores será útil si se hace garantizando unas condiciones de integración laboral, social, cívica y nacional. Y creo que es por este orden», afirmó en Onda Cero. Para el secretario de CCOO conviene apostar por la integración lingüística sólo después de acabar con la precariedad laboral.