BARCELONA. - El viaje de la televisión e internet a los teléfonos móviles se ha convertido en la estrella del Congreso Mundial de Telecomunicaciones Celulares, que desde ayer y hasta el jueves se celebra en Barcelona. Como otras veces, la tecnología ha ido muy por delante de la realidad y de las Administraciones, que no han preparado el terreno normativo para la aplicar las innovaciones.
La televisión ya está en el móvil, pero necesita ser regulada porque el servicio se presta actualmente en condiciones de alegalidad. Por ello, Joan Clos, ministro de Industria, anunció ayer, en la inauguración oficial del congreso, que el Gobierno regulará la televisión por el teléfono móvil, en el marco de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (SI). Clos señaló que este nuevo servicio es uno de los últimos cambios tecnólgicos vividos en el sector y que necesita su impulso, por lo que «está en preparación una nueva ley que regulará este tipo de servicio». Cuando esté aprobada la nueva normativa, «los operadores de televisión en movilidad sólo necesitarán simples autorizaciones administrativas para dar el servicio», afirmó Clos, que añadió que la nueva legislación se añadirá a la actual redacción de la Ley de Impulso de la SI, que ya ha sido remitida al Consejo de Estado.
El ministro, que en la inauguración del congreso estuvo acompañado por el presidente de la Generalitat, José Montilla, adelantó que a partir de ahora «va a abrirse un periodo de información pública para que cualquier ciudadano pueda opinar sobre el uso del multiplex digital, sobre el que se va a dar este servicio de televisión móvil».
La normativa sobre televisión estará aprobada antes de verano, con lo que España será uno de los primeros países de Europa en regular este tipo de servicios. Hasta ahora sólo los gobiernos de Francia e Italia están promoviendo una legislación similar al respecto.
De hecho, el debate sobre esta nueva regulación se abrió hace un año, cuando Aberits Telecom, Nokia y Movistar anunciaron su primer proyecto, que preveía que, a finales de este 2007, los clientes podrían contar con un servicio de televisión por una tarifa plana de cinco euros al mes. Está previsto que los contenidos televisivos para el móvil ocupen una parte del espectro radioeléctrico, que es limitado, como ocurre con las televisiones tradicionales, la radio digital o la propia telefonía móvil.
La idea del Gobierno es que con el impulso de la televisión en el móvil se ponen las bases para que muchos de los 45 millones de clientes móviles vayan migrando progresivamente de los servicios de voz, los más utilizados, a los que permite la telefonía de tercera generación (3G).
Estos nuevos servicios son ya un hecho (navegación por internet desde el móvil, el vídeo o la televisión bajo demanda...) y Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo han apostado fuerte por la telefonía 3G. Además de sus inversiones, el Gobierno, según dijo Clos, también impulsará con un plan la «extensión de la banda ancha» tanto fija como móvil.
Pero si la televisión en el móvil pone de manifiesto la sintonía entre la Administración y el sector, todo lo contrario ocurre con el otro tema que está marcando el congreso de Barcelona, la subida de tarifas que desde el 1 de marzo aplicarán Movistar, Vodafone y Orange para adaptarse a la nueva Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, que prohíbe el redondeo.
El ministro Clos ayer no permitió que los periodistas pulsaran su opinión sobre la polémica subida de tarifas, pero en días anteriores ya manifestó que el Gobierno tendrá que analizarla e investigar (eso corresponderá al ministerio de Economía) si ha habido prácticas anticompetitivas de pacto de precios en las subidas del establecimiento de llamada. Las tres compañías tradicionales han elevado el coste del inicio de llamada un 25%, de 12 a 15 céntimos de euro, lo que ha levantado las sospechas de pacto de precios y las fuertes críticas de asociaciones de consumidores, colectivos de clientes y algunos partidos políticos.
La polémica
Franciso Román, consejero delegado de Vodafone en España, defendió ayer la política tarifaria de la compañía, que ha rebajado en un 12,4% sus precios en los últimos nueve meses, y señaló que su adaptación a la nueva ley tendrá impacto neutro tanto en los ingresos de la la compañía como en la factura del cliente. Sin embargo, las organizaciones de consumidores denuncian que Movistar, Vodafone y Orange han aprovechado la nueva ley para aplicar una subida media de entre el 10% y el 15% a sus clientes. Román afirmó que no tiene ninguna preocupación sobre las acusaciones de pacto de precios, algo que «no ha existido ni tendría sentido».
Pero la polémica ayer no hizo más que crecer. El portavoz de Industria del PP en el Congreso, Fernando Castelló, afirmó que su grupo está elaborando una proposición no de ley que incluirá «medidas» para luchar contra la subida de las tarifas del móvil, ante la «dejadez» que a su juicio «esta mostrando el Gobierno». Castelló anunció que su partido pedirá la comparecencia de Joan Clos y del presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, para que expliquen las causas de esta subida. El representante del PP señaló que la «máxima responsabilidad» de este incremento es del Gobierno «porque se comprometió a presentar iniciativas para reducir las tarifas y no lo ha hecho».