Las tres compartirán estrado, pero no criterios. Sólo el escrito de la acusación de la asociación de Manjón se alinea claramente con la versión de los hechos mantenida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En cuanto a las otras dos, la enorme cantidad de diligencias complementarias solicitadas deja clara su opinión sobre el trabajo de Del Olmo.

Entre ellas, las relacionadas con el asunto nuclear de la investigación: el explosivo empleado en los trenes. Tanto la AVT como la Asociación de Ayuda pidieron a la Sala que ordenase una nueva macropericial, que finalmente fue acordada.

La presencia de acusaciones distintas a la del Ministerio Público supone una enorme amenaza para algunos procesados. Así, en el apartado dedicado a la trama asturiana, la fiscal Olga Sánchez pedía 23 años para Antonio Toro y sólo cuatro para su hermana Carmen. El escrito de acusación de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, elaborado unos días después, pedía para ambos casi 40.000 años como cooperadores necesarios en los 192 asesinatos consumados y casi 2.000 frustrados.

El mismo escrito de la asociación de Manjón apunta por dónde, al margen de las responsabilidades penales, podrían dirigirse los reproches políticos: otro punto de las conclusiones provisionales subraya -literalmente- que el CNI alertó al Gobierno del PP de que el riesgo de un atentado islamista en España se había elevado, «considerando necesario reforzar el nivel de protección».

En línea contraria a la versión oficial, la AVT recoge en su radiografía de lo sucedido que los atentados «nada tenían que ver con la presencia de tropas españolas en los conflictos de Afganistán e Irak». Por el contrario, perseguían la «desestabilización del sistema democrático español» y el «cambio de Gobierno».

Además, la Asociación presidida por José Alcaraz resalta lo que considera lagunas en la investigación, indicando que más allá de los 29 procesados existen «otros partícipes desconocidos hasta la fecha» cuya adscripción, según la AVT, «no es desde luego la red terrorista islámica Al Qaeda». La Asociación no se pronuncia sobre la posible participación de ETA, «por entender que no existe investigación en este sentido, pues la tesis desde el primer momento por parte policial, del fiscal y del instructor ha sido la de los islamistas».

Por su parte, el escrito de la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M es coherente con las enormes dudas sobre lo que estalló en los trenes y no acusa a Emilio Suárez Trashorras de los 191 muertos. Sí de la muerte del geo de Leganés, donde está claro que se empleó la Goma 2 ECO supuestamente robada en Mina Conchita.

La asociación cree que con el bloque asturiano y el islamista coincidió otra trama que aún no tiene nombres y apellidos, y sugiere que pudo haber sido la de ETA.

A lo largo de la instrucción, la intervención de las acusaciones ha sido escasa. Puesto que Del Olmo prorrogó mes tras mes durante dos años el secreto del sumario, no pudieron acceder a los datos policiales ni estar presentes en los interrogatorios. Sólo la representante del Ministerio Público ha tenido acceso ilimitado a todo.

Aun así, algunas acusaciones particulares han mostrado un papel especialmente activo. Es el caso del letrado Ricardo Ruiz de la Serna, que representa a una decena de víctimas. «Somos acusación y creemos que hay indicios suficientes para ir contra los acusados. Sin embargo, creemos que hay diligencias de prueba que aún deben practicarse con intervención de letrados de las víctimas», mantuvo ante un tribunal de la Audiencia.

Otro abogado que ha estado presente en prácticamente todas las diligencias posibles ha sido Gonzalo Boye, compatriota de la única víctima chilena del 11-M. También esta acusación aportó su punto de vista particular: respaldó todas las prórrogas de prisión, pero resaltando siempre que estaba en desacuerdo con que la fiscal manejase su condición de extranjeros como un argumento más para solicitarlas.