La recusación del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Pablo Pérez Tremps a petición del PP y el consiguiente cambio en la relación de fuerzas del Alto Tribunal que debe tomar una decisión sobre el Estatuto lleva más de una semana provocando reacciones furiosas en la izquierda catalana y el nacionalismo. La propia ICV y Esquerra Republicana ya plantearon hace unos días la necesidad de «tomar medidas» contra la estrategia de los populares.

«No descartamos una movilización ciudadana para demostrar cohesión a nivel de país y en la defensa del Estatuto», dijo ayer Camats, que explicó que su partido piensa que «el PP quiere ganar en los tribunales lo que no ha podido conseguir políticamente».

El portavoz del PSC, la primera formación del tripartito, Miquel Iceta, enfrió un poco los ánimos de sus socios en cuanto a una hipotética movilización. «En este momento no nos la planteamos», afirmó. Sin embargo, fuentes socialistas no descartaron «alguna maniobra» si el TC falla finalmente contra el Estatuto. El propio Iceta afirmó en rueda de prensa que «siempre hay planes B, C, D, E...».

Aunque no piensa por el momento en recurrir a llenar las calles de manifestantes, el portavoz socialista sí se mostró dispuesto a responder a los «ataques» del PP con una «ofensiva» y una «batalla jurídica, política e ideológica» en defensa del nuevo Estatuto. También acusó a CiU de «hipócrita» por «minimizar» los ataques «por tierra, mar y aire» del PP en contra del texto.

Pero el PSC no es partidario de ponerse la venda antes de la herida y sigue transmitiendo su confianza en que el Constitucional no modifique el Estatuto. En cualquier caso, tras la reunión de la Ejecutiva, los socialistas concluyeron ayer que «no se tiene que detener el despliegue» del texto «a la espera de una sentencia».

La vicesecretaria general de Acción Política de ERC, Anna Simó, se dirigió por su parte al Gobierno del PSOE, al que pidió «coraje y valentía» para «llegar hasta el final» en su compromiso con el Estatuto. Los republicanos, que pidieron el no en el referéndum que aprobó el texto por considerar que no mejoraba «el marco de autogobierno», afirman ahora que serán «los primeros en defenderlo de los intentos de recortarlo aún más».