Muchos ciudadanos sienten hoy perplejidad por la sentencia del Supremo, que revocó ayer el fallo de la Audiencia Nacional y rebajó sustancialmente la condena al etarra José Ignacio de Juana Chaos. Sus asesinatos y su negativa a arrepentirse, aunque no tengan que ver con esta causa, hacen muy difícil que la opinión pública entienda la benevolencia con la que ha sido tratado.
La Audiencia le había condenado a 12 años de cárcel por amenazas terroristas. El Supremo reduce la pena a tres años al tipificar su conducta como un delito de amenazas simples aunque paradójicamente en concurso ideal con enaltecimiento de terrorismo. Lo primero que debemos subrayar es que respetamos la sentencia del Supremo porque, aunque ETA, la izquierda abertzale y cierta izquierda no abertzale jamás lo han entendido, vivimos en un Estado de Derecho en el que existe la división de poderes y, por tanto, la independencia de los jueces.
Ello no obsta para que podamos disentir del fallo o poner el énfasis en el particular contexto en el que han tenido que pronunciarse los magistrados del Supremo. En cuanto al fallo, resulta difícil de entender que, si ha habido amenazas por parte del etarra como creen los jueces del Supremo, no hayan sido tipificadas como «terroristas». De Juana Chaos, condenado por 25 asesinatos, sigue identificado con los objetivos de la banda y, por lo tanto, sus amenazas no pueden ser equiparadas penalmente a las de cualquier otro ciudadano que se enzarza en un bar en una pelea. Es evidente que De Juana podía haber sido condenado a una pena mucho más severa por pertenencia a banda armada, que era lo que propugnaban varios magistrados.
En cuanto al contexto, resulta muy difícil que los jueces hayan podido abstraerse de la propia presión creada por la huelga de hambre de José Ignacio de Juana, claramente orientada a chantajear a la Justicia.
Las presiones del PNV y el nacionalismo moderado, las abiertas amenazas de la izquierda abertzale, los actos de kale borroka, las declaraciones de destacados dirigentes del PSOE -ayer mismo Javier Rojo, presidente del Senado, afirmó que la sentencia de la Audiencia era «desproporcionada»-, las fotografías publicadas recientemente y el cúmulo de circunstancias que han rodeado el caso pueden haber influido, sin duda, en el ánimo de unos jueces que no son insensibles a la realidad en la que están inmersos.
La decisión era, sin duda, complicada desde el punto de vista técnico y también problemática por sus consecuencias políticas. El hecho es que la Fiscalía de la Audiencia solicitó 96 años de cárcel, que luego rebajó sensiblemente. La Audiencia le condenó a 12 años y siete meses y ahora el Supremo ha reducido la pena a tres años, lo que pone de relieve un cambio de criterio que no puede dejar de desconcertar.
A nadie se le escapa que tras la drástica rebaja de la pena y dado que el etarra lleva ya más de dos años en prisión preventiva, Instituciones Penitenciarias tendrá mucho más fácil conceder a De Juana un tercer grado o una fórmula de excarcelación atenuada, que no supondrá ya un agravio comparativo al haber cumplido más de las dos terceras partes de la condena. Si se excarceló por razones de salud a un coronel Galindo sentenciado a más de 70 años, mucho más fácil va a resultar sacar de prisión a un De Juana al que le falta menos de un año para cumplir la condena.
La sentencia le quita al Gobierno un grave problema y va a ser interpretada por el entorno de ETA como un gran victoria. Pero, sobre todo, va a decepcionar a los familiares de sus víctimas y a millones de ciudadanos que creen que De Juana ha pagado un precio muy pequeño por sus asesinatos. Su frustración es la nuestra, pero debemos respetar las decisiones de la Justicia.
