A los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se les acumula el trabajo por culpa del nuevo Estatut. Para empezar tendrán que dictaminar sobre el texto estatutario tras el recurso interpuesto por el PP. Pero, además, se verán obligados a resolver un buen número de conflictos competenciales como el del decreto de enseñanza. También es posible que la Generalitat impugne la ley de adopciones y la de medio ambiente aprobadas por el Gobierno central.
Además, el Govern acordó ayer presentar un requerimiento de incompetencia al Estado por regular por decreto las cuotas lácteas, ya que la Generalitat cree que este tema es de su competencia.
Y, mientras, en Madrid los grupos parlamentarios de CiU, ERC e IU-ICV anunciaron que presentarán enmienda a la totalidad a la denominada Ley del Libro, al entender que invade competencias exclusivas fijadas en la reforma del Estatut.
La postura de los tres grupos hace que, en buena medida, el futuro de este proyecto pase por los votos del PP, aunque fuentes socialistas no descartan que se abran vías de diálogo hasta que el tema llegue al pleno.
Pero, más allá de estas enmiendas a la totalidad, Esquerra e IU-ICV hicieron ayer duras advertencias al Ejecutivo central.
Así, los dos socios de los socialistas en el tripartito coincidieron en acusar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de aprobar constantemente proyectos de ley que «chocan» con el nuevo Estatut, y que plantean «graves» problemas competenciales.
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, dijo que el Gobierno parece que «no se ha enterado» de que hay un nuevo Estatut, y denunció las constantes intromisiones en materia competencial.
De hecho, Tardá no se refirió sólo a la Ley del Libro, sino que indicó que el mismo problema se va a plantear con la reciente legislación sobre adopciones internacionales impulsada por el Ministerio de Justicia.
En la misma línea se expresó el diputado de IU-ICV, Joan Herrera, quien acusó al Gobierno de «hacer leyes que hacen caso omiso al Estatut».
En su opinión, el Gobierno central debe «reflexionar y decidir qué camino piensa seguir», pero advirtió de que si sigue ignorando el Estatut, se enfrentará con la «oposición» de IU-ICV.
El diputado de CiU Jordi Vilajoana afirmó que el nuevo marco estatutario impide al Estado condicionar el ejercicio de las competencias exclusivas en los sectores culturales.
Eso sí, el diputado añadió: «Pero si el Estado quiere destinar recursos públicos a necesidades culturales, el criterio debe ser la territorialización de los fondos atendiendo a la titularidad de la competencia, que corresponde a la Generalitat», dijo.
En el PSOE, de momento, no se le da mayor importancia a estos roces y se cree que hay vías para el entendimiento.
