Durante su declaración, que se alargó durante una hora, el presidente de Habitat aseguró que él no desarrolla «ningún trabajo» que esté relacionado con las medidas de seguridad y añadió que para ello contrató a «los mejores profesionales».

Además de Figueras, ayer declararon en el juzgado el administrador de la empresa contratista FSI Obras y Servicios, Ramón C. R., por lo que ascienden a 13 imputados en la causa. También estaba previsto que declararan los aministradores de la empresa subcontratada, Mohsan M. G. y Tasawar I., aunque ninguno de los dos compareció, ya que, según fuentes judiciales, se encuentran en Paquistán.

Por otra parte, el actual responsable de Brendom continúa en paradero desconocido y la Policía judicial continúa intentando localizarle. Por el momento, el informe de la Inspección de Trabajo ha confirmado que dos de los tres empleados paquistaníes que fallecieron mientras trabajaban par la empresa utilizaban documentación que no se corresponde con sus verdaderas identidades.

El siniestro, en el que perdieron tres obreros paquistaníes y dos españoles -un sexto resultó herido de gravedad-, se produjo el pasado 27 de julio, cuando un antiguo muro de contención que no estaba apuntalado y que se desplomó sobre la zanja de canalización en la que estaban trabajando los operarios para la construcción de una galería de servicios, por donde debían discurrir las líneas eléctricas y de agua, gas y telecomunicaciones del distrito tecnológico 22@.

Aunque la empresa encargada de construir el complejo de oficinas era Norbella -del grupo Habitat-, únicamente uno de los operarios fallecidos trabajaba directamente para ella. Los tres paquistaníes eran empleados de Brendom Construcción 2004, empresa subcontratada por FSI Obras y Servicios, y el quinto obrero pertenecía a la plantilla Estructuras Gavà -del grupo Galasa-.

El informe elaborado por Inspección de Trabajo reveló que la zanja sobre la que se derrumbó el muro de contención no estaba prevista en el plan de seguridad de la obra. La imputación del presidente de Habitat y del administrador de FSI Obras y Servicios se decidió después de que el juez tuviera conocimiento del informe elaborado por la Inspección de Trabajo, que pide multas que suman 1,14 millones de euros tanto a Norbella como al resto de empresas implicadas en el accidente. La Inspección de Trabajo afirmó que las empresas «incumplieron su obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo».

El administrador de Habitat -la primera promotora inmobiliaria catalana- declaró ayer que desconocía si había un presupuesto para esta zanja, así como el dinero destinado al plan de seguridad del edificio. Además, defendió que su empresa cumple «de forma muy satisfactoria» con las medidas de seguridad laboral, lo que demuestra el hecho de que, pese a las continuas inspecciones, casi no se han levantado actas contra Habitat. «Mi trabajo consiste en exigir que todas nuestras obras tengan las medidas de seguridad pertinentes y no escatimar esfuerzos y dinero para ello», reclacó Figueras. El administrador de Habitat aseguró que el pasado año, en el Salón Preventia, la consellera de Treball, Mar Serna -por entonces directora general de Relaciones Laborales- concedió un premio a su firma, que fue «halagada por los inspectores que allí había».

Bruno Figueras recalcó en su declaración que su labor en la empresa es «controlar el plan de negocio» y que en materia de seguridad laboral su cometido se centra en «la contratación de los mejores profesionales en el ámbito», a pesar de que por falta de formación no pueda valorarlos técnicamente. De esta forma, el presidente de Habitat responsabilizó al también imputado Luis A. S., que coordinaba la seguridad de la obra de Poblenou. Figueras aseguró ayer que el encargo que se hizo a esta persona «abarcaba toda la obra». No obstante, Luis A. S. aseguró durante su declaración que no se le pidió que elaborase un plan de seguridad para la galería de servicios y que no se le informó de que s eiba a realizar la excavación porque no figuraba en el proyecto.

Alfred Bienzobas, abogado de CCOO, que ejerce la acusación popular, aseguró ayer que la declaración de Figueras ha puesto de manifiesto que «en la empresa no había clase alguna de control desde el punto de vista preventivo y de las medidas obligatorias de seguridad».

Hasta el momento, el juez instructor considera que los hechos podrían ser constitutivos de cinco delitos de homicidios imprudentes y un delito contra los derechos de los trabajadores, aunque todavía se debe determinar quién o quiénes son los responsables del accidente laboral.