CORDOBA. - Carmen Calvo ya tiene su anteproyecto de Ley del Cine, paso previo de un nuevo marco legislativo que ha despertado todo tipo de esperanzas y frotes de manos, pero también de inquietudes y puñetazos en la mesa del sector audiovisual de este país. Y a esta hora, los puñetazos estarán retumbando en ciertos despachos, como, por ejemplo, los que ocupan los directivos de las cadenas de televisión, auténticos corderos degollados de una ley cuya factura se verán obligados a pagar si es aprobada en su estado actual.
La ministra de Cultura eligió ayer su ciudad, Córdoba, para dar a conocer el germen de la nueva ley. Y en su fugaz comparecencia en los Alcázares de los Reyes Cristianos, donde se celebraba el Congreso de Creadores Audiovisuales organizado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), pronunció una frase que, visto lo visto, se iba a revelar más que irónica: «Va a haber ley porque el ambiente es adecuado, y para eso es importante buscar un equilibrio con las televisiones». Para entonces, ya circulaban entre bastidores los 40 artículos de un anteproyecto que no es otra cosa que un soberano bofetón en el rostro de los operadores televisivos.
Dudoso equilibrio, pues, y un nuevo bofetón, más bien, ya que el articulado desoye por completo las reclamaciones y protestas que directivos de televisión como Maurizio Carlotti (Antena 3) o Paolo Vasile (Tele 5) habían dirigido al Ministerio cuando éste anunció, a finales del año pasado, el borrador de la ley. Como dato prescindible pero pintoresco para las hemerotecas, hay que decir que Carmen Calvo eligió el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, para presentar el polémico borrador; y que escogió un martes y 13, el de ayer, para anunciar el aún más polémico anteproyecto.
En aquel entonces, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca, que engloba a Antena 3, Tele 5, Sogecable, La Sexta, Veo TV y Net TV) expresó en un comunicado su indignación ante lo que consideraba un verdadero atropello: la obligatoriedad de invertir un 5% de sus ingresos brutos anuales en la financiación anticipada de producciones audiovisuales españolas y comunitarias, más otro 1% en la promoción de aquellas películas españolas «que el operador televisivo haya producido, coproducido o de las que haya adquirido derechos de emisión».
Un controvertido borrador
Aquel borrador pergeñado por Cultura, en supuesta sintonía con los demás sectores de la industria del cine (productores, directores, guionistas, actores, técnicos, etcétera), incluía, además, la imposibilidad de que las cadenas televisivas participaran en películas si no era en coproducción con «productoras independientes», y siempre y cuando la inversión total de la cadena no excediera el 60%. Una posibilidad que puso en pie de guerra a los operadores televisivos, pero que ayer adquirió rango de anteproyecto de ley.
Una figura legal que -de estar ya vigente- impediría hoy la puesta en marcha de proyectos cinematográficos sufragados casi al 100% por productoras ligadas a cadenas de televisión, como es el caso de Alatriste, El laberinto del fauno, Salvador o Los Borgia... es decir, algunas de las películas más taquilleras del año pasado. Y es que el anteproyecto que ayer se conoció en Córdoba niega la posibilidad de cualquier subvención (incluidas las reglamentarias ayudas en virtud de la taquilla realizada) a todas aquellas productoras participadas por televisiones que no cumplan ese requisito de la coproducción con los «productores independientes».
El nuevo texto -que, según fuentes del Ministerio, debería ser aprobado en Consejo de Ministros en el mes de abril, antes de pasar a ser debatido en el Congreso y en el Senado- hace caso omiso a las reclamaciones lanzadas desde las televisiones privadas. Sus responsables han venido acusando a Cultura de pretender financiar un sector privado con el dinero de otro sector privado. El Ministerio, por su parte, argumenta que, en último término, las televisiones privadas son fruto de concesiones de servicio público y que están moralmente obligadas a repartir parte de sus dividendos con el sector cinematográfico, ya que son ellas las que perciben el 100% de los ingresos publicitarios cada vez que se emite una película.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ya ha comentado que el Gobierno no desea una nueva Ley del Cine que no nazca de un consenso con los sectores, incluidas las televisiones. Habrá que ver si el anteproyecto de ley del Ministerio de Cultura, que evidentemente no cumple ese principio a día de hoy, es el germen efectivo del nuevo marco legal o un atrevido órdago a la grande.
