Sin embargo, señala que subsiste una «neta separación entre la productividad y el uso de las fuentes de mano de obra» y propone, entre otras medidas, «reducir los costes de despido de los contratos fijos» o «eliminar los numerosos obstáculos que existen para la apertura de las grandes superficies».

Según Jean-Philippe Cotis, jefe económico de la OCDE, «la experiencia de otros países europeos sugiere que se pueden restaurar unas reglas del juego más equitativas» que las que se observan en Alemania, España o Francia, donde una estricta protección de los empleos ha llevado a la exclusión de jóvenes y mujeres. Y recuerda que una protección demasiado rigurosa de los empleos fijos ha tenido como contrapartida «una mayor flexibilidad de los contratos temporales», que ha contribuido al «dualismo del mercado de trabajo que sufre actualmente la Europa Continental».

La OCDE establece tres prioridades para España: limitar la extensión administrativa de las convenciones colectivas, reformar la legislación sobre la protección del empleo para los trabajadores fijos y reforzar la competencia del comercio.

Para la OCDE, la práctica española de negociaciones salariales a nivel de provincias y sectores de actividad que luego se imponen a todas las empresas por vía administrativa, «se traduce en salarios demasiado elevados para ciertas categorías en ciertas regiones y en detrimento del empleo», de ahí que recomiende el autorizar a las empresas la no aplicación de estos acuerdos salariales.

Otro aspecto que frena el crecimiento de la productividad y la innovación, según la organización económica, es «el elevado nivel de indemnizaciones en caso de contrato fijo», sobre todo en relación con el contrato temporal, por lo que sugiere «reducir los costes de despido» de los contratos fijos y «promover un contrato de trabajo único en el que las indemnizaciones por despido aumentarían en función de la antigüedad».

También critica «las restricciones introducidas por las autoridades regionales» en la apertura de grandes superfices que contribuyen a bajos índices de productividad y a «márgenes de beneficios excesivos», y sugiere el recurso a la nueva directiva de servicios de la UE que permite a las autoridades centrales poner fin a las restricciones a nivel regional.