Permach, que compareció en San Sebastián junto a Joseba Alvarez, consideró que tras la sentencia del Tribunal Supremo, el Ejecutivo ya no tiene «ninguna excusa para decir que no puede poner en libertad a Iñaki de Juana» y recordó que la situación del recluso sigue siendo «crítica» porque continúa en «huelga de hambre y sigue en la cárcel».

Al margen del contenido de la sentencia, el dirigente de la formación ilegalizada denunció que el caso se basó en «falsas imputaciones» y concluyó que «no se puede mantener a ningún prisionero vasco en la cárcel» en función de «invenciones».

Por último, se dirigió al Gobierno de Zapatero para recordarle que «ahora sí que está en su mano salvar la vida de Iñaki de Juana, acabar con esta situación crítica y ponerle en la calle». «El Gobierno español es el responsable y el que tiene en su mano conseguir su libertad», concluyó.

También el Gobierno vasco atribuyó al Ejecutivo central la responsabilidad de «solucionar» la situación el preso, dado que fue quien «originó» el problema al anunciar y proceder a la «construcción de nuevas imputaciones» contra el recluso.

Tras felicitarse por que el Tribunal Supremo haya aportado «un punto de racionalidad política y jurídica al despropósito» del proceso a De Juana, la portavoz, Miren Azkarate, instó al Gobierno a conceder al preso el tercer grado, como «ya hizo en el pasado con otros reclusos», entre los que citó al general Rodríguez Galindo.

En opinión del equipo de Juan José Ibarretxe, la sentencia del Supremo supone «un punto y aparte» en un caso que «nunca debió existir» y pone «al descubierto la politización de la Audiencia Nacional».

También el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, se pronunció al respecto para pedir a Zapatero, que solucione «el embrollo» que inició y reclamar el tercer grado para un preso que ha sido condenado a tres años, «frente a los 75 de Galindo», incidió.

En relación al desarrollo del proceso, destacó que parece «imposible» que «ateniéndose a la ley» pueda haber «tantas interpretaciones» respecto a una condena. Por ello, consideró que han sido «impulsos políticos» los que han movido todo el proceso.

En la misma línea, uno de los socios del tripartito, EB, pidió a Zapatero que «con carácter urgente adopte medidas que «garanticen la puesta en libertad del recluso por razones humanitarias».

Para el portavoz de Presidencia de la formación, Mikel Arana, la decisión del Alto Tribunal «pone de manifiesto el despropósito jurídico y la pena desproporcionada» impuesta a de Juana por la Audiencia Nacional, órgano que ahora «ha quedado en evidencia».

Por su parte, Aralar mostró su desacuerdo con la decisión del Supremo y exigió la «excarcelación inmediata» del recluso. Además, lamentó que «una vez más la Justicia haya estado mediatizada por la actividad política, y haya actuado con crueldad».