CARMEN REMIREZ DE GANUZA
MADRID.-
«Si de mí dependiera, el señor De Juana Chaos cumpliría íntegramente la pena que le queda». Con esta afirmación, el presidente del PP, Mariano Rajoy, no sólo fijó ayer posición en la polémica sobre el futuro inmediato del preso, sino que trazó una línea roja entre la responsabilidad de los jueces y la del Gobierno, y entre su respeto a los primeros y su desconfianza hacia éste último.
Rajoy, que fue mucho más escrupuloso que la propia dirección de su partido en la reacción política sobre la rebaja de la pena al terrorista - «acatamos pero discrepamos», dijeron la víspera- declaró ayer en los desayunos de Europa Press su «respeto y acatamiento a las decisiones de los tribunales de Justicia». «Los jueces deben ser independientes y la obligación de un dirigente político es garantizar que lo sean cada vez más», insistió.
Cosa distinta fue su advertencia al Gobierno de Zapatero. «Lo importante», dijo, «es que el Gobierno decida que De Juana no tenga beneficios penitenciarios porque no se ha arrepentido».
Pero no fue ésta la única ni la más importante de sus advertencias. Rajoy, documento gráfico en mano, alertó de la apertura de oficinas electorales por parte de la ilegalizada Batasuna en distintos municipios del País Vasco y Navarra bajo la marca Ezker Abertzaleak.
Burlada Lesaka y Barañáin (Navarra), Salvatierra (Alava), Rentería y Usurbi (Guipúzcoa) y Baracaldo (Vizcaya), fueron señalados por el líder del PP como las primeras localides en las que el Gobierno «debería» actuar, recurriendo sus candidaturas ante el Tribunal Supremo.
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