Para Casas, no había «razones» para modificar la conclusión alcanzada en enero de 2006 de que el trabajo hecho por Tremps para la Generalitat era «académico» y «no [estuvo] incardinado» en la reforma.

A su juicio, «ni todos los elementos de prueba ahora utilizados por la mayoría para sustentar su cambio de criterio son nuevos» ni los nuevos elementos «abonan el cambio». Se apoya en un listado de la Generalitat sobre los trabajos externos que ha encargado, documento fechado en febrero de 2006 (esto es, posterior a la primera recusación de Pérez Tremps, a la que la Generalitat siempre se ha opuesto). En ese listado, el Gobierno catalán asegura que el estudio de Pérez Tremps no fue tenido en cuenta para la reforma estatutaria.

Casas ve riesgos de que la decisión abra la puerta «a sospechas sustentadas en la adscripción ideológica que quiera hacerse de todos los magistrados atendiendo, por ejemplo, al dato de su procedencia intelectual o al signo de la formación política que haya apoyado su designación».

Además de la presidenta, han formulado votos discrepantes Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Pascual Sala y Manuel Aragón. Éste afirma que entender que la decisión sobre la recusación va ligada al debate sobre el Estatut «es una ofensa intolerable a la dignidad e independencia de los magistrados del TC».