El Consejo Ejecutivo aprobó ayer un acuerdo para llevar al TC varios preceptos de este polémico decreto, al entender que esta regulación «excede del alcance de las competencias básicas reservadas al Estado» y que «limita el ejercicio de las competencias normativas que la Generalitat ostenta en materia de educación», de acuerdo con lo previsto en el artículo 131 del nuevo Estatut catalán.

La Generalitat cree que el Gobierno central ha invadido sus competencias al regular el tiempo de lectura diario, las tutorías, la atención a los alumnos que se incorporan al curso de forma tardía, la de los niños con alta capacidad intelectual y el horario de los contenidos mínimos, que es donde se introduce la conflictiva tercera hora de castellano.

La Generalitat ha interpuesto este recurso -que tendrá forma de conflicto de competencias al ser un decreto y no una ley la norma impugnada- «para defender sus competencias, pues está en discrepancia con el Estado», indicó ayer el vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira.

'Culebrón' político

Carod recordó que el Gobierno catalán presentó hace unas semanas un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Ejecutivo central sin éxito, ya que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero resolvió insistiendo en que su decreto no invade las competencias catalanas.

El decreto de la tercera hora de castellano se ha convertido en el culebrón político de la temporada. Desde su aprobación, el pasado mes de diciembre, ha dado lugar a un nuevo episodio casi a diario. Con el acuerdo para recurrirlo, el novelón alcanzó ayer su punto álgido. Pero, como suele ocurrir en estos casos, el posible final es todavía un misterio.

Un misterio que Carod, uno de los guionistas, se negó a desvelar. Y es que el vicepresidente de la Generalitat se mantiene en su papel de hombre de estado que evita la polémica contra viento y marea para no caer de nuevo en los errores de la anterior legislatura que llevaron al presidente Maragall a expulsar a ERC del Govern y a anticipar elecciones.

La situación es la siguiente: el PSC no quería recurrir el decreto. Los socialistas no ven con malos ojos que se den más clases de castellano. Además, no quieren crearle más problemas a Rodríguez Zapatero, y recurrir una norma del Ejecutivo central ante el TC es crearle un problema a Rodríguez Zapatero.

ERC no quiere ni oír hablar de aplicar ese decreto, básicamente por dos razones: cree que invade competencias de la Generalitat y limita por tanto el autogobierno de Cataluña, y considera que dar más clases de castellano rompe el modelo de inmersión lingüística que se aplica en esta comunidad desde los 80.

Esquerra lo tiene muy difícil para vender a su electorado que acepta más castellano en la escuela, pues eso se ha considerado siempre en los círculos nacionalistas e independentistas como un ataque al catalán. Además, CiU presiona a diario a los republicanos, acusándoles de haberse vendido a los intereses del nacionalismo español por un plato de lentejas, o sea, a José Montilla por unas cuantas carteras en su Govern.

Pero, al mismo tiempo, ERC tiene que intentar quedar bien con el PSC y cumplir su compromiso de no hacer ruido mediático ni iniciar debates identitarios para evitar un nuevo fracaso del tripartito. O sea, que los republicanos están entre la espada y la pared.

Tanto es así que el lunes aprobaron en su Permanente un documento en el que cargan contra el decreto del castellano y contra la tercera hora y contra todo lo que huela a español. No obstante, introdujeron un párrafo en el que abren la puerta a que alguna asignatura que no sea lingüística pueda impartirse en un idioma distinto del catalán, cosa que no pasa con la ley actual.