La opinión del abogado general del Tribunal Europeo de Justicia no es vinculante pero en un altísimo porcentaje de los casos, los jueces, que comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto, suelen seguir sus indicaciones a la hora de dictar una sentencia.

El dictamen de Ruiz-Jarabo es la primera consecuencia de la denuncia que presentó la Comisión Europea en marzo de 2005 contra Alemania, al considerar que la citada norma era contraria a la normativa europea.

En concreto, citaba tres motivos: el nombramiento por parte del Gobierno federal y del de Baja-Sajonia de sendos miembros en el consejo de vigilancia de la empresa; la limitación del derecho de voto a un máximo del 20% del capital social cuando algún accionista supere ese porcentaje; y la elevación a más del 80% del capital representado para la adopción de las decisiones de la junta general de accionistas.

Considera que la ley Volkswagen fortalece la posición del Gobierno federal y del de Baja Sajonia y puede disuadir a quienes pretendan adquirir una cantidad importante de acciones de la compañía. Entre otras cosas porque se encontraría con que de los 10 miembros asignados al capital en el consejo de vigilancia -los otros 10 de los 21 de que consta representan a los trabajadores-, cuatro puestos están copados por los representantes de los poderes públicos, poseedores de un número marginal de títulos. Al respecto, Ruiz-Jarabo considera irrelevante que el Gobierno federal haya vendido todas sus acciones y no ejerza su derecho de nombramiento de representantes para el consejo puesto que la norma legal existe y puede hacerla valer cuando lo estime oportuno.

Por lo que respecta al límite del derecho de voto a un máximo del 20% del capital social, es una forma de intervenir en las decisiones empresariales. Con esta norma resulta prácticamente imposible una gestión independiente e intentar forzar una decisión teniendo que conseguir el apoyo del 80% del accionariado supone que existe una minoría de bloqueo.

Además de por los Gobiernos central y del lander, la permanencia de la ley Volkswagen ha sido siempre defendida por los dirigentes del fabricante alemán. Sin embargo, esto ha cambiado recientemente debido a la entrada en el capital del Grupo Volkswagen de Porsche AG, que en la actualidad dispone ya de un 27,4% del mismo y que desea elevarlo hasta el 29,9%, el límite justo en el que queda a salvo de tener que realizar una oferta pública de adquisición (OPA) según prescribe la ley.

Controlada por la familia Porsche-Piëch, la desaparición de esta norma le daría una oportunidad de intervenir de una forma decisiva en la gestión del Grupo Volkswagen de cuyo consejo de vigilancia es presidente Ferdinand Piëch.

Éste logró, el pasado mes de noviembre, desalojar de la presidencia ejecutiva a Bernd Pischetsrieder, que se había aliado con Christian Wulff, el primer ministro del estado de Baja-Sajonia, para resistir el asalto de Porsche e intentar que Piëch abandonara la presidencia del consejo de vigilancia.

Sin embargo, éste, apoyado por los representantes sindicales, encabezados por Bernd Osterloh, logró imponerse y colocar en la presidencia ejecutiva a su colaborador Martin Winterkorn. El nuevo presidente ha declarado ya que con dos accionistas que superan el 50% del capital no necesita ley Volkswagen. Sin embargo, Osterloh, gracias a cuyo apoyo Piëch y él dominan la situación, insiste en la vigencia de esta norma que ya no interesa a su aliado.