«Nos vemos obligados a analizar si algún otro magistrado del Tribunal Constitucional podría incurrir en la misma causa de recusación [que Pablo Pérez Tremps]. Si así fuera, el Govern actuará en consecuencia», aseguró Montilla durante la sesión de control parlamentaria.

Pérez Tremps no podrá juzgar el Estatut. Fue recusado a petición del PP por seis votos a favor y cinco en contra tras conocerse que había realizado un informe para la Generalitat sobre la reforma del Estatut y que parte de sus argumentos fueron incluidos en el nuevo texto.

Rodríguez Zapata, que votó a favor de recusar a Pérez Tremps, también hizo un estudio sobre el Estatut, bajo el título Evolución de la aplicación de los principios contenidos en la Carta Europea de Autonomía Local por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Este informe fue encargado por una fundación privada antes de que se iniciara el proceso de reforma del texto.

El propio Rodríguez dio a conocer la existencia de este estudio en el voto particular que emitió en la recusación de Pérez Tremps: «Sometí a la consideración del pleno su alcance, sin que ninguno de sus miembros expresase la más mínima duda sobre la procedencia de mi intervención y actuación como ponente», indicó el magistrado.

El contenido de los votos particulares se hizo público el martes y ayer, miércoles, la Generalitat empezó a estudiar la posibilidad de recusar a Rodríguez Zapata, al considerar que su situación es paralela a la de Pérez Tremps y consciente de que este magistrado podría ser favorable a la tesis del PP de que el Estatut es inconstitucional.

La Generalitat ha tenido que poner el asunto en manos de sus abogados porque no sabe si la recusación de Rodríguez Zapata es jurídicamente posible, ya que podría haber acabado el plazo para solicitarla. Aunque, según fuentes del Govern, cabría la posibilidad de que el plazo se reabriese como consecuencia de la emisión del citado voto particular.

Éste sería el segundo intento de recusar a un magistrado por parte de la Generalitat, que el pasado octubre recusó a otro de los magistrados, Roberto García-Calvo, después de que este juez calificase el Estatut de «experimento de tinte independentista que fisura o propicia la fractura de España» y de «anómala maniobra que constituye tan grave atentado a la Carta Magna» española.La recusación de García-Calvo fue desestimada en noviembre.

Mientras, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, seguirá al frente de su cargo institucional tras el rechazo de PSOE, PP y Coalición Canaria a la iniciativa de IU-ICV para reprobarle y cesarle por el recurso presentado ante el TC contra el Estatut.

Sin embargo, se dio la paradoja de que mientras el PSOE con sus votos echaba abajo la iniciativa parlamentaria, el PSC, dentro del Grupo de la Entesa, votaba por su reprobación y destitución como Defensor del Pueblo.

Incluso, fue el senador socialista Josep María Batlle, quien ejerció de portavoz de dicho grupo parlamentario en la Cámara Baja -hay que recordar que donde se debatió el asunto es en una Comisión Mixta Congreso/Senado- para denuncia que el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, «es un recurso perverso en el fondo, y partidista en las formas».

Pero fue lo menos grave que tendrá que leer Enrique Múgica, que no asistió a la Comisión, aunque sí se comprometió a leer posteriormente las actas de la misma. Los portavoces de IU-ICV, ERC y CIU, especialmente, no ahorraron adjetivos descalificativos contra Múgica, a quien incluso invitaron a entrar en política directamente en las filas del PP.

Más difícil lo tuvo el portavoz del PSOE, Juan Luis Rascón, quien expresó su rechazo a la propuesta de cese -el voto del Grupo Socialista hubiera sido decisivo-, aunque no ahorró críticas contra el Defensor del Pueblo. De hecho, Rascón calificó de «llamativamente extravagante, el recurso presentado», y acusó a Múgica, «de haber querido llamar la atención».

Por su parte, el portavoz del PP en esta Comisión Mixta, Gabino Puche, dijo que «no son de recibo» las «encarnizadas acusaciones» formuladas por IU-ICV y los grupos nacionalistas con el único objetivo de «desacreditar a Múgica aplicándole una antidemocrática ley del embudo para que las instituciones beneficien sólo a unos», y afirmó que tienen el fin de «amedrentar, coaccionar».

También Coalición Canaria, a través de su portavoz, Luis Mardones rechazó la iniciativa de IU-ICV, y pidió «respeto» a la figura de Múgica, frente a «la ignominia y la calumnia intolerable» de Joan Herrera al acusarle de «farsante».