El fiscal lo tiene claro. Tanto que pide nueve años de prisión para el vicepresidente segundo y consejero delegado del Banco Santander Central Hispano, Alfredo Sáenz, por interponer una denuncia falsa contra un grupo de deudores de Banesto, entidad de la que era presidente en el momento de los hechos, en 1994.El escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL MUNDO, reclama para Saénz multas que ascienden a un total de 90.000 euros, además de que sea inhabilitado durante cuatro años «para el cargo de consejero o para cualquier empleo público o privado relacionado con las entidades bancarias, crediticias o financieras».
Aparte de Alfredo Sáenz, el ministerio público reclama nueve años de cárcel para el ex consejero director general del área comercial de Banesto, José Angel Merodio Zubiarraín, el ex director general en Cataluña y Baleares, Miguel Angel Calama, y el abogado de la entidad, Rafael Jiménez de Parga. Para cada uno de ellos, también pide multas que suman 90.000 euros. El fiscal acusa a los cuatro procesados de cuatro delitos de acusación y denuncias falsas y un delito continuado de estafa procesal en grado de tentativa.
El procedimiento judicial contra la antigua cúpula de Banesto arranca en 1995, aunque los hechos por los que deberán responder los imputados en el banquillo de los acusados de una de las salas de la Audiencia de Barcelona se inició un año antes.
En julio de 2004, esta entidad acusó de alzamiento de bienes y estafa a Pedro Olabarría, Modesto González y los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero porque supuestamente adeudaban 4,2 millones de euros a Banesto y se habían comprometido a devolver dicha cantidad con su patrimonio personal. La querella recayó en el juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, donde estaba Luis Pascual Estevill -condenado por su actuación en este caso- realizando funciones de sustitución. El juez los imputó y llegó a ordenar el ingreso en la cárcel de tres de los empresarios de forma provisional durante unos días. Cuando regresó el titular del juzgado, puso en libertad a los denunciados y archivó la causa. La Audiencia de Barcelona ratificó semanas después esta decisión.
Los cuatro empresarios iniciaron entonces acciones legales contra la cúpula de Banesto por denuncia falsa.
La juez de instrucción número 20 de Barcelona decidió dar vía a la investigación de esta acusación falsa al considerar que Sáenz era conocedor de la iniciativa judicial y no hizo nada para evitarlo, al tiempo que amparó escritos de ampliación de aquella querella, tal y como sostiene ahora la Fiscalía, que afirma que «la totalidad de los acusados» sabía que «las afirmaciones» de la querella «no respondían a la realidad».
Cuando el caso estaba cerca de llegar a juicio, la Audiencia de Barcelona decidió archivar el procedimiento contra los ex responsables de Banesto al considerar que había prescrito la acción penal contra dos de ellos, y que los otros dos eran acusados de algo por lo que no habían sido investigados desde un principio.Sin embargo, el pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación que interpusieron los querellantes contra la decisión del tribunal provincial ordenando al juzgado que continuara el proceso.
Para el alto tribunal, la prescripción debía contar a partir del momento en que pudieran ejercitar la acción penal, o lo que es lo mismo, cuando se archivó el procedimiento que instruyó Pascual Estevill. El Supremo entendió que del escrito de querella resultaban hechos que suponían, desde la acusación «la realización de ilícitos penales necesitados de investigación y en caso de ser acreditados, con capacidad de ser subsumidos en el delito de estafa». Y es que el delito de acusación y denuncia falsa «es de los denominados pluriofensivos», y llevan acarreadas otras posibles calificaciones jurídicas, concluyó el alto tribunal.
Los abogados de los acusados siempre han defendido la inocencia de sus clientes reiterando que la causa había prescrito. Todo apunta a que en breve podrán esgrimir sus argumentos en una de las salas de la Audiencia de Barcelona en las que serán juzgados sus clientes. El fiscal solicita para la antigua cúpula de Banesto penas que suman 36 años de prisión.
Una instrucción del juez Estevill
BARCELONA.- El caso de los empresarios denunciados por la ex directiva de Banesto fue el primer proceso contra el ex juez Luis Pascual Estevill, que acabó condenado en 1996 por el Tribunal Supremo a seis años de inhabilitación por prevaricación y detención ilegal de los tres empresarios, lo que determinó su expulsión de la carrera judicial.
El ex magistrado Luis Pascual Estevill ingresó el pasado 20 de octubre en la prisión Quatre Camins de La Roca del Vallés, en Barcelona, para cumplir la condena de nueve años de cárcel que le impuso el Supremo por extorsionar a banqueros y empresarios.El ex juez fue condenado por cohecho, prevaricación y detención ilegal.
Después de que en 1994 la Audiencia de Barcelona ratificara el archivo de las diligencias para los cuatro empresarios denunciados por los ex dirigentes de Banesto, éstos se querellaron contra Luis Pascual Estevill y actuaron como testigos de cargo en diversos procedimientos. Por el caso de Banesto, Estevill fue condenado por prevaricación y detención ilegal. Posteriormente le impusieron siete años de prisión por delito fiscal.
Finalmente, el pasado 22 de septiembre, el Tribunal Supremo confirmó la pena de nueve años de cárcel para Pascual Estevill y de siete para Juan Piqué Vidal, el que fuera abogado en el caso Banca Catalana en los 80 del entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.
El Supremo mantuvo los hechos declarados probados en enero de 2005 por Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es decir, un juez y un abogado unidos por «intereses bastardos». Con esta demoledora descripción bautizó el alto tribunal catalán la connivencia entre Pascual Estevill y Piqué Vidal al fraguar una trama de corrupción consistente en cobrar a cambio de evitar la prisión a varios empresarios investigados. Como casi sucedió en el caso de Banesto.
