Tras siete denuncias interpuestas ante la Fiscalía de Menores, el fiscal solicitó a principios de mes la orden de alejamiento y la libertad vigilada de las dos presuntas acosadoras. «El alejamiento ahora no sirve de nada porque no impide que otros agredan de nuevo a la chica», asegura el abogado de la familia, Josep Oriola.Asimismo, la familia dice sentirse desatendida. «Ni la policía ni las autoridades han actuado con diligencia y ya no sabemos qué hacer», alega Oriola, quien reclamó un proceso de mediación entre las familias de agredida y agresoras.

El hostigamiento empezó en octubre de 2005, cuando un adolescente discutió con E.G. por no darle su móvil en las puertas del instituto Can Peixauet, donde la chica cursaba segundo de ESO. El joven, que no era alumno del centro, amenazó a E.G. con que sus familiares le darían una paliza. Desde entonces, un grupo encabezado por A.S.M. y T.S.M., dos hermanas gemelas de 16 años, han intimidado a la joven, a pesar, incluso, de que cambió de centro escolar el curso pasado. La agredida ha sufrido quemaduras de cigarrillos, lesiones cervicales, hematomas y cortes y ha requerido ayuda psicológica y psiquiátrica.

Después de la primera paliza a la salida del centro, la adolescente sufrió otras cinco agresiones. La última se produjo el 5 de febrero, cuando la pandilla atacó a E.G. en las inmediaciones del juzgado de Barcelona donde iba a declarar contra las gemelas. Pese al encierro al que se ha condenado la joven, ni siquiera así la agredida y sus familiares han estado a salvo: el 27 de enero, otra menor y una adulta agredieron a E.G. y a su madre en su casa y les aseguraron que esperaban a la chica en la calle «para darle un navajazo».

Asimismo, el acoso que padece la adolescente ha provocado más de un encontronazo entre los hermanos de la víctima y las presuntas acosadoras. «El caso puede caer en una espiral de violencia imparable entre familias si no actúa la Fiscalía de inmediato», afirmó ayer Oriola, quien considera que «existe un vacío legal» que ha desamparado a la jóvenes, ya que se trata de un juicio por lesiones, lo que no puede comportar el ingreso de las menores en un reformatorio a pesar de existir una denuncia por amenazas de muerte.

A su vez, el abogado explicó que la familia no dispone de recursos para cambiar de domicilio. No obstante, los padres, que estaban separados, han decidido volver a vivir juntos para apoyar a su hija.

Tras conocer el caso de la menor, el Ayuntamiento de Santa Coloma organizó el curso pasado junto a los Mossos y la Guardia Urbana un dispositivo especial para controlar la salida de los escolares.«Se detectó la presencia de jóvenes que agredían a la salida del colegio, pero se trató de casos aislados y puntuales», aseguró ayer Raül Moreno, concejal adjunto de Infancia y Juventud, quien confirmó asimismo que «no se han vuelto a repetir» brotes de violencia en torno al centro.