El portavoz de CiU respondía así a las afirmaciónes que vertió el conseller d'Educació en la entrevista publicada el miércoles por este diario. La referencia de Maragall a que la inmersión lingüística, el modelo educativo que implantó CiU y que se ha seguido desarrollando hasta ahora, puede ser prescindible porque «hay territorios y entornos lingüísticos y sociales diferenciados» y en algunas zonas «hará falta que el castellano se asegure una presencia sistemática más allá de la estricta obligación» no ha sentado bien a los nacionalistas. Para Puig, el conseller d'Educació «continúa bebiendo de posiciones socialistas que tienen más de 30 años, y no tiene ninguna convicción de que la inmersión lingüística sea un sistema apropiado».

El portavoz de CiU cree que la entrevista con Ernest Maragall que EL MUNDO publicó ayer evidencia que «no comprende ni asume el modelo educativo y, en el fondo, quiere derribar ese modelo, que ha sido uno de los pilares en el desarrollo del catalán, junto a los medios públicos de comunicación». Puig declaró al conseller d'Educació «enemigo» y «claramente hostil» a ese «modelo de éxito para la reconstrucción nacional y cohesión social».Además, adelantó que los nacionalistas se están planteando pedir «responsabilidades políticas» a Maragall.

Joan Maragall

Al portavoz de CiU le pareció especialmente criticable que el «ataque» venga del «nieto del gran poeta que escribió, en su Adéu Espanya!, que se escuchara la voz de los españoles que no hablan castellano», en referencia a Joan Maragall. La diputada de CiU Irene Rigau interpelará hoy al Govern sobre este asunto.

El otro gran partido nacionalista de la Cámara, Esquerra Republicana, no quiso entrar en polémicas públicas con el conseller d'Educació.«No queremos hacer más ruido sobre este tema», comentaron ayer fuentes del partido, una vez la Generalitat ha cumplido la voluntad de los republicanos de presentar recurso ante el Constitucional por el anexo del decreto del Gobierno, el que establece la tercera hora de castellano en las escuelas catalanas.

En un tono radicalmente opuesto al de CiU se manifestó la diputada del Partido Popular Carina Mejías, que expresó su «apoyo» al conseller Maragall. Cree que «se le ha desautorizado» con la presentación del recurso ante el TC, «algo con lo que él no estaba de acuerdo, porque piensa que el castellano está en minoría en el sistema educativo», y se queja de que, en documentos como el que distribuyó Esquerra el pasado lunes, «el castellano queda en la misma situación que una lengua extranjera».

«Entre otras cosas, se parte de la base de que el castellano que no se aprende en la escuela ya se aprende en el contexto social. Pero que los niños escuchen español a través de los medios de comunicación no significa que tengan un conocimiento culto», añade Mejías. Para la diputada popular, «no tiene sentido» que la Generalitat haya recurrido ante el TC el decreto del Gobierno, porque «corresponde al Estado establecer las enseñanzas mínimas, según todas las leyes vigentes».

Desde el Partido Popular, piden al conseller que «no ceda en su defensa del castellano y no se deje presionar por sus socios».Mejías también criticó duramente a CiU por hacer «un uso partidista» de la lengua, y por utilizarla «como arma de confrontación política».«Eso le dio réditos hace más de 20 años, pero hoy saben que tienen la batalla perdida», subrayó Mejías, que afirmó, como ejemplo, que los nacionalistas «han dejado de reclamar que no se aplique la tercera hora de castellano para hablar sólo de una confrontación competencial entre el Gobierno y la Generalitat».

Para Antonio Robles, diputado de Ciutadans, «es evidente que el criterio más bilingüe, más relajado, de Maragall no tiene fuerza en el Govern». Además, el secretario general de la formación que se declara no nacionalista criticó el «afán de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña» que se hace «evidente» en algunas declaraciones del conseller.

También terció ayer en la polémica la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, que declaró que el decreto que aprobó el Gobierno «no es contra el catalán». Sin embargo, aseguró también que en el Ministerio «están muy tranquilos, ya que el documento es perfectamente legal y no invade competencias autonómicas».

El decreto «regula las enseñanzas que deben recibir todos los niños, y que después son completadas por las Comunidades Autónomas», recordó la ministra Cabrera.