J. T. D. / C. S.
MADRID.-
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) dio ayer un nuevo varapalo al Ministerio de Industria, al rechazar -por segunda vez en una semana- el real decreto sobre energías renovables. Cinco consejeros del organismo (los cuatro nombrados a propuesta del PP y Luis Albentosa, del PSOE) votaron en contra de una norma que endurece notablemente el marco para las empresas energéticas verdes.
La pasada semana, la CNE rechazó la decisión de Industria de aplicar el principio de retroactividad a todas las medidas incluidas en el real decreto. La votación de ayer se refería al resto del contenido de la polémica norma. Aunque, en este caso, la opinión del organismo no es vinculante, las empresas afectadas podrían utilizar las conclusiones para recurrir el real decreto en los tribunales. El Ministerio quiere aplicar todo el paquete de medidas, con independencia del informe de la CNE.
Por otro lado, el organismo presidido por Maite Costa empezará a analizar hoy la petición de ACS de obtener unos derechos políticos en Iberdrola acordes con su participación (12,4%). De entrada, la constructora presidida por Florentino Pérez tiene limitados al 3% sus poderes en la eléctrica, por poseer a la vez la participación mayoritaria en Unión Fenosa. Según fuentes próximas a la CNE, antes de arrancar el debate, la mayoría de los consejeros se muestran partidarios del limitar los poderes de ACS. No obstante, el consejo está buscando alguna fórmula que permita a la constructora tener algunos derechos en Iberdrola. El organismo analizará hoy el informe elaborado por el servicio técnico y tomará una decisión, a más tardar, el próximo jueves.
La pasada semana, la eléctrica presentó una alegación ante la CNE, en la que insta al organismo a mantener el límite del 3%. La postura de la eléctrica cuenta con el respaldo de algunos bancos de inversión. «No esperamos una relajación de la ley en el caso de ACS, dados los precedentes y lo razonable de la legislación», aseguraban ayer desde Credit Suisse. La entidad suiza se refiere a las medidas impuestas a La Caixa (que tuvo que elegir entre Endesa y Repsol YPF) y al BBVA (que tuvo que abandonar el consejo de Repsol YPF para permanecer en Iberdrola).
«El levantamiento del límite en los derechos de voto podría convertirse en un precedente y ser usado por otros competidores de Iberdrola para ejercer influencia en la compañía a través de participaciones minoritarias», añaden en Citigroup.
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