Pero, para tener una tarjeta de crédito, hay que tener tarjeta de la Seguridad Social, que es lo más parecido a un documento nacional de identidad a nivel nacional, en un país que carece de DNI. Si no se tiene Seguridad Social y se quiere una tarjeta de crédito, hay que presentar al banco algún aval, normalmente del empleador -siempre que éste sea estadounidense- o de un ciudadano estadounidense con buen historial crediticio, que esté dispuesto a responsabilizarse de eventuales impagos de compras realizadas con la tarjeta de crédito.

Esas condiciones suponen en la práctica que los inmigrantes ilegales -cuyo número, el presidente de EEUU, George W. Bush, cifró ayer en una rueda de prensa en «doce millones»- están excluidos del sistema crediticio. Y, en buena medida, de la economía de EEUU.

Hasta ahora. Porque el banco con más cuota de mercado en el país, Bank of America, ha empezado a dar tarjetas de crédito sin exigir la tarjeta de la Seguridad Social. La entidad se ha inspirado en países como España, cuyos bancos «carecen de oficinas de crédito convencionales para medir la capacidad de endeudamiento de sus clientes», según el diario The Wall Street Journal. El nuevo sistema, que se aplica en 51 sucursales de California, impone condiciones más duras y fija intereses más altos para los inmigrantes, una media lógica puesto que se trata de un grupo con mucho mayor riesgo de impago. Si un inmigrante sin papeles quiere tener una tarjeta de crédito, debe depositar una fianza que le será devuelta al cabo de un periodo de entre tres y seis meses.

Pero, en cualquier caso, la decisión de Bank of America significa que el mercado le está diciendo a la clase política estadounidense que puede decidir lo que quiera para combatir la inmigración ilegal, pero que los inmigrantes han llegado a EEUU para quedarse y, por tanto, hay que hacer negocios con ellos. Es un movimiento doblemente simbólico, puesto que Bank of America es el mayor banco en EEUU, con una cuota de mercado del 10%. Su estrategia es, además, crecer dentro del país, y ahí los 12 millones de ilegales -de los que se estima que el 75% son latinoamericanos- son un filón que sólo está esperando una oportunidad.

Una oportunidad que, sin embargo, rechaza un amplio sector de la sociedad estadounidense. Bob Dane, portavoz de la Federación para una Reforma de la Inmigración, dijo ayer a Financial Times que «Bank of America debería cambiar su nombre por el de Banco de México», y anunció un boicot contra la entidad. «Si pierden dos clientes legítimos por cada inmigrante, van a sentirlo». Según el Centro de Estudios Pew -prestigiosa organización de análisis de la opinión pública- el número de inmigrantes ilegales crece cada año en, al menos, 700.000 personas.