Hasta entonces, Sánchez había permanecido en un plano discreto. En la Audiencia Nacional, donde llegó en 1993, ayudó al juez Del Olmo en el sumario sobre Egunkaria, cuyo archivo por falta de pruebas ha pedido recientemente otro fiscal, Miguel Angel Carvallo. También se ocupó de la acusación contra el director de la revista Ardi Beltza, Pepe Rei, por colaboración con ETA, e intervino en los procesos por los asesinatos del guardia urbano de Barcelona Juan Miguel Gervilla y del presidente del PP de Aragón, Giménez Abad.

El caso 11-M dio a Sánchez un protagonismo no querido pero que le ha permitido acceder a lo que es extraordinario para la mayoría de los fiscales: un trato frecuente con el máximo responsable del Ministerio Público. Durante los dos últimos años, la fiscal del 11-M ha despachado con Conde-Pumpido los aspectos más relevantes del caso. El pasado noviembre, acudió al despacho del fiscal general para entregarle personalmente un ejemplar encuadernado de su escrito de calificación.

Unos días antes, la Inspección había decretado el archivo de las diligencias informativas (una investigación disciplinaria previa, en su caso, al expediente) que la Fiscalía no tuvo más remedio que abrirle tras el escándalo que supuso la excarcelación anticipada de uno de los procesados por el 11-M.

Saed Harrak, para el que la fiscal pide una condena de 12 años de prisión, tuvo que ser puesto en libertad en mayo de 2006 porque el juez Del Olmo no prorrogó a tiempo su prisión preventiva. Sánchez, dedicada en exclusiva a este sumario, ni se enteró del vencimiento del plazo.

Pese a que Conde-Pumpido había dictado una instrucción para que los fiscales extremen la atención en los supuestos de prisión provisional, la indebida excarcelación de Harrak no tuvo consecuencia alguna para Olga Sánchez. Y es que su relación con las alturas ha sido para ella tan beneficiosa que cree tener opciones para ser promovida al Tribunal Supremo, algo que ya intentó en 2002 sin que la respaldara el Consejo Fiscal.

«Sánchez ha sido una fiscal cómoda para la superioridad. No ha puesto problemas a la Policía y no ha incidido en líneas de investigación peligrosas», explica un colega.

«¡Ya vale!», espetó Sánchez airadamente al abogado de oficio que, en una vista de apelación celebrada a puerta cerrada, cuestionó la corrección de los informes sobre el explosivo que estalló en los trenes. Amarrada como a un salvavidas a las tesis oficiales, Sánchez tendrá que defenderlas a partir de hoy en público.