No obstante, las medidas contra la corrupción que se contenían en el proyecto serán incluidas en el proyecto de Ley del Suelo que se tramita en este momento en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se reunió ayer durante todo el día con los portavoces de los grupos y de todos obtuvo la misma respuesta, con distintos argumentos: no es el momento de tramitar este proyecto de ley que, según el Gobierno, viene a ser el estatuto de autonomía de los ayuntamientos.

Es la primera vez que el Gobierno de Zapatero renuncia a tramitar, por falta de apoyos, un proyecto de ley que ya estudió una vez el Consejo de Ministros. Esta norma pretendía establecer las competencias de los entes locales, limitando las de las diputaciones provinciales y estableciendo medidas de transparencia.

Jordi Sevilla, tras reunirse ayer con los portavoces, anunció que el proyecto se aplaza hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo. En la práctica, es más que probable que el aplazamiento se prolongue más allá de esta legislatura, entre otras cosas, porque después de los citados comicios locales apenas habrá tiempo de completar el trámite parlamentario de la norma antes de diciembre de 2007, fecha en la que se cierra el Congreso y el Senado en vísperas de las elecciones generales.

No obstante, Sevilla aseguró que en junio volverá a intentarlo y que sí ha detectado una mayoría a favor de la necesidad de la ley. Las objeciones de los grupos parlamentarios a la tramitación del proyecto de ley de los ayuntamientos tienen sentidos opuestos y van desde las de CiU, que asegura que hay colisión con el Estatuto de Cataluña, a las del PP, que echa de menos que vaya acompañado de un nuevo sistema de financiación local.

Los representantes del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Torme y Juan Manuel Moreno, aseguraron al ministro que una ley que regula las competencias de los ayuntamientos debe llevar aparejada una financiación suficiente, con una reforma de la Ley de Haciendas Locales.

En esa reforma, según el PP, debería incluirse la restitución de la deuda que los ayuntamientos han asumido por las llamadas competencias impropias, es decir, las que ejercen sin atribución expresa por ausencia de las administraciones autonómica y estatal.

El PP objeta también las supuestas limitaciones que establece el Estatuto de Cataluña para la selección y dependencia de funcionarios municipales, como los secretarios de ayuntamiento que, hasta ahora, formaban un cuerpo del Estado.

Por último, los populares no están de acuerdo con la limitación que se establece de las competencias de las diputaciones.

Sevilla inició hace casi un año las gestiones con el PP para lograr el consenso sobre el proyecto de ley. Incluso, mantuvo una reunión con Mariano Rajoy en la que no se produjo tampoco ningún avance. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encargó hace varias semanas a Jordi Sevilla la ronda de partidos como último intento de salvar la ley.

El proyecto contiene medidas contra la corrupción municipal, como las que se refieren a la transparencia de los convenios y permutas urbanísticas, obligando a su aprobación en el Pleno. También prevé la aplicación a los alcaldes y concejales de las mismas exigencias de incompatibilidades que las de los altos cargos de la Administración del Estado. Es decir, los ediles estarían obligados a hacer público su patrimonio y tendrían un periodo de dos años de carencia sin poder trabajar en empresas relacionadas con su actividad municipal.

Todas estas medidas contra la corrupción intentará incluirlas el PSOE en la Ley del Suelo en forma de enmiendas en el Congreso o el Senado, y podrían estar en vigor en los próximos meses para aplicarse en los ayuntamientos que resulten de las elecciones locales de mayo.

No está decidido si se incluirá en la Ley del Suelo otra de las medidas de la Ley de Bases de Régimen Local que obligaba a tener asegurado el suministro de agua y luz antes de iniciar la construcción de una urbanización.