Esta diligencia supone admitir la denuncia que la acusación particular formuló el pasado 18 de septiembre y que pedía ampliar las investigaciones actuales (circunscritas a las sedaciones de 2004) a la actuación anterior del equipo de Montes (sobre todo en los años 2002 y 2003, antes de que se produjera ninguna investigación administrativa).

Fuentes judiciales apuntaron ayer que el magistrado, cuando tenga las historias en su poder, probablemente volverá a pedir un nuevo informe al Colegio de Médicos, que nombrará un comité de expertos independientes que estudiarían estas nuevas historias, como ya hizo el año pasado con las muertes de pacientes producidas en 2004.

Como adelantó EL MUNDO al estallar el caso, en la primavera de 2005, la Comisión de Mortalidad del Severo Ochoa fue el primer órgano que dio la voz de alarma sobre lo que pasaba en las Urgencias de Leganés. Era ésta una comisión interna del propio centro integrada por médicos pertenecientes a distintos departamentos del Severo Ochoa. Además, a la hora de elaborar el informe, todos los profesionales que la componían debían estar de acuerdo para calificar una sedación como «no indicada» o «excesiva».

Y fueron estos médicos, compañeros de Montes, los que calificaron de forma unánime varias sedaciones como «dudosas», «no adecuadas» o «excesivas».

El 3 de abril de 2003, por ejemplo, la Comisión analizó varias historias clínicas y concluyó: «La Comisión encuentra, además, algunos casos de muerte en posible relación con tratamiento farmacológico, todos con el propósito de sedación terminal».

En junio del mismo año, otro acta de la misma Comisión que fue adelantada por M2 detectó presuntas irregularidades en 29 historias clínicas. En siete de ellas, habló de aplicación «dudosa» de la sedación terminal; en 15 pacientes, habló sin duda de «sedación no adecuada», y en otras siete, valoró que la sedación terminal fue «adecuada». Sin embargo, de estos últimos siete casos, consideró «excesivas» las pautas suministradas a cuatro pacientes.

Como detalló la Comisión en estos informes, el tiempo transcurrido entre la entrada de los enfermos en Urgencias y su muerte osciló entre tres y 76 horas.

Precisamente, cuando la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid descubrió todos estos informes -tras dos denuncias anónimas- decidió relevar como coordinador de Urgencias a Luis Montes, primero provisionalmente y, después, definitivamente.

El anterior Gobierno de la Comunidad tuvo conocimiento de estas actas, las estudió y abrió una investigación en 2003, durante el Gobierno interino que se mantuvo en la Comunidad de Madrid por la crisis provocada por los tránsfugas Tamayo y Sáez. La Consejería que entonces dirigía José Ignacio Echániz cerró a los pocos meses el caso sin estudiar siquiera las historias clínicas. El asunto se ocultó entonces a la opinión pública y jamás salió del hospital.

Cuando el abogado de la acusación que representa a la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa), Rafael Martín Bueno, accedió a todas estas actas, las incluyó en una denuncia para que se ampliara la investigación. Según el escrito presentado al juez, la acusación entiende que «existen, al menos, 22 historias clínicas en las que la Comisión de Mortalidad del propio hospital Severo Ochoa de Leganés detectó que la muerte de los pacientes tenía relación 'con tratamiento farmacológico, todos con el propósito de sedación terminal'».

Según argumentaba aquella denuncia, estas sedaciones podrían incurrir en un delito de «imprudencia médica con resultado de muerte».

La nueva investigación transcurrirá paralela a la abierta por otras sedaciones. De momento, el juez ha tomado declaración a los médicos imputados y está estudiando practicar de nuevas pruebas.

El abogado de la acusación, Rafael Martín Bueno, valoró ayer positivamente esta diligencia judicial porque permitirá estudiar «otras historias clínicas dudosas en las que se podría haber incurrido en delito». El letrado apuntó, además, que tiene la «sospecha» de que los casos de 2002 y 2003 pueden ser «más claros y graves» porque «se produjeron antes de que nadie pusiera en tela de juicio el trabajo del servicio de Urgencias».

La presidenta de Avinesa, María Antonia del Moral, también recibió satisfecha esta decisión: «Estamos viendo graves negligencias médicas en 2004 y es necesario estudiar el trabajo de estos médicos en años anteriores», aseguró. Del Moral quiso ayer responder a portavoces de UGT y CCOO, que la han calificado, dijo, como «brazo armado de la derecha» y les espetó que «nunca he sido de derechas, he sido de izquierdas, pero voy a luchar porque se sepa la verdad de lo que ocurrió en las Urgencias de Leganés, por las víctimas y por los pacientes».

EL 'CASO SEVERO OCHOA'

Las denuncias. La Comunidad, el Ministerio y asociaciones de pacientes reciben dos denuncias anónimas (marzo de 2005).

La investigación administrativa. La Consejería de Sanidad abre inmediatamente una investigación y destituye a Luis Montes. Denuncia los hechos al fiscal.

Sedaciones «no indicadas». M2 desvela informes y datos del Libro de Registro que apuntan a sedaciones «no indicadas» y «excesivas» (marzo y abril de 2005).

La investigación judicial. El juez imputa a los médicos y comienza la instrucción. Ahora, amplía la investigación a 2002 y 2003 (junio de 2006 a febrero de 2007).