Los socialistas quieren acabar «con el gravísimo problema del acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid, un problema que está perjudicando sobre todo a los jóvenes debido a que esta región registra los precios más altos del país».

Rafael Simancas recordó que la vivienda supone un sobreendeudamiento de las familias (un 130% de la renta familiar anual debido a las hipotecas) y que la media de emancipación de Madrid sea la más alta de Europa con 34 años.

Culpó de esta situación a la gestión del PP en los últimos 12 años en la Comunidad de Madrid, ya que «en Madrid no hay más ley del suelo que la ley de la selva y no hay más plan del suelo que el plan de coge el dinero y corre». Acusó a los gobiernos de la derecha de delegar la planificación y la ejecución de la vivienda a la empresa privada. «En consecuencia, en Madrid no se impulsa la construcción de viviendas protegidas, especialmente la dirigida a los jóvenes, excepto si es para engrosar la propaganda del Gobierno de esperanza Aguirre, que por ejemplo prometió entregar 79.000 viviendas a los jóvenes a lo largo de esta legislatura de las que sólo se han entregado 52», agregó.

Insistió en que «hacen falta viviendas y se puede resolver el problema de la accesibilidad con sensibilidad y determinación, primando el derecho de los ciudadanos antes que el negocio, y lo vamos a hacer a través de dos medidas: la elaboración y aprobación de un Plan Regional de Estrategia Territorial (PRET) y promoviendo una Ley de Garantía de acceso a la vivienda».

Simancas afirmó que «vamos a hacerlo porque se puede hacer», y explicó que «en la Comunidad de Madrid cada año se constituyen 45.000 hogares nuevos, la mayoría jóvenes. De ellos, el 60% no puede acceder a una vivienda en el mercado libre por lo que vamos a apoyarlos con cinco medidas concretas» que dotarán de contenido la Ley.

La primera será la elaboración de un Programa de Suelo con un gran acuerdo entre las administraciones públicas que permitirá la construcción y entrega de 26.000 viviendas públicas al año, lo que supone la entrega de un total de 108.000 viviendas por legislatura. Se creará un parque público de alquiler para construir 40.000 viviendas que se arrendarían a un precio máximo de 300 euros al mes. Habrá una estrategia para rehabilitar 190.000 viviendas deterioradas en la región y ponerlas a disposición del mercado. Se sacará al mercado de alquiler, al menos, el 10% de las viviendas vacías a través de un convenio con la Sociedad Pública de Alquiler del Ministerio de la Vivienda. Esta Sociedad, añadió Simancas, ofrecerá a los dueños de los pisos un contrato por cinco años que estipula el pago esté su piso alquilado o no, y además garantiza los posibles deterioros.