Tras un año de trabajo y más de 200 entrevistas con políticos, policías, periodistas y víctimas, el Parlamento Europeo aprobó ayer el informe que acusa a los gobiernos de la UE de dejar a la CIA utilizar su territorio para oscuras operaciones en la guerra contra el terror. Pero la suavizada versión final admite no tener pruebas en los casos más controvertidos, como el de las cárceles secretas.
Además, evita las palabras más duras contra Alemania y Polonia. Con 270 enmiendas, la mayoría de populares y socialistas interesados en proteger a sus líderes nacionales, el documento definitivo de la comisión de investigación «temporal» (con poderes muy reducidos) sobre los vuelos de la CIA no es tan crítico como el borrador con los Estados más implicados en las «entregas extraordinarias», con las que la Administración Bush detenía a supuestos terroristas y los enviaba a Guantánamo o a países donde la tortura es práctica habitual.
En el informe inicial, se acusaba al Gobierno alemán de «al menos conocer» el secuestro de su ciudadano, de origen libanés, Jaled El-Masri, torturado en Afganistán, y de no facilitar la liberación del turco, residente en Alemania, Murat Kurnaz. Este último escándalo afecta al ministro socialdemócrata de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, acusado de haber abandonado a Kurnaz durante cinco años en Guantánamo, aunque su inocencia se demostró meses después de su detención, e incluso de rechazar las ofertas de la Administración Bush de devolverlo a Alemania.
Pero las referencias a la connivencia germana han desaparecido gracias a una enmienda de los socialistas. Según el documento, la mayor concentración de las 1.245 escalas de aviones de la CIA, entre 2001 y 2005, fue en Alemania, donde pararon 336 frente a 170 en Reino Unido, 147 en Irlanda, 91 en Portugal o 68 en España.
Respecto a Polonia y Rumanía, donde, según varias ONG y el periódico The Washington Post, se encontraban los «pequeños Guantánamo» europeos, los eurodiputados han aligerado los ataques por la falta de colaboración de las autoridades y su estrecha relación con la Administración Bush. La Eurocámara se declara agnóstica sobre las prisiones clandestinas, cuya existencia no puede «ni confirmar ni excluir».
Los parlamentarios también han eliminado la petición de que los Estados miembros sean sancionados si se demuestra que han violado los Derechos Humanos.
Después de las modificaciones, los Gobiernos que salen peor parados son el británico, acusado de participar activamente en el secuestro y la tortura de sospechosos, el sueco, el austriaco y el italiano, cuyos espías cooperaron, según la Fiscalía de Milán, en el rapto y traslado del imam egipcio Abú Omar. Los eurodiputados conservadores italianos no lograron eliminar esta frase: «Es muy probable, dada la implicación de los servicios secretos, que el Gobierno italiano [el de Berlusconi] fuera consciente de la entrega extraordinaria de Abú Omar».
Los europarlamentarios no enmendaron tampoco las críticas a Javier Solana, jefe de Política Exterior de la UE, y a Gijs de Vries, su jefe antiterrorismo y quien acaba de dimitir. El informe mantiene las quejas por las «omisiones» del español en sus comparecencias ante la Eurocámara, en particular por no haber explicado los contenidos de un encuentro con las autoridades estadounidenses sobre los vuelos. Solana, quien no está sujeto al control parlamentario, según el Tratado de la UE, repite que no tiene competencias para pedir a los Gobiernos europeos cuentas de sus acciones.
El debate entre los eurodiputados se centró también en las críticas al relator de la comisión, el socialista italiano Claudio Fava, quien insistía en que su documento prueba «cinco años de abusos tolerados en nombre de la lucha contra el terrorismo» y los intentos de reducir los principios de la UE a «papel mojado».
El popular Jas Gawronski, miembro de la comisión de investigación, reprochó a Fava: «El informe es inútil, no aporta nada nuevo. Informes como éste no sirven para nada cuando se presume que sólo hay un culpable, Estados Unidos». En realidad, las acusaciones contra la Administración republicana no se escucharon ayer en el pleno tanto como los reproches contra los europeos que «miraron para otro lado». Elena Valenciano, eurodiputada socialista y miembro de la comisión, recordó: «Lo que está en juego no es la credibilidad del Gobierno Bush, cuya estrategia antiterrorista ya ha fracasado, sino la nuestra».
