Las tarifas de la telefonía móvil experimentarán un fuerte incremento a partir del 1 de marzo, pese a que el Gobierno había prometido en reiteradas ocasiones que descenderían a lo largo de este año. En concreto, el establecimiento de llamada subirá un 25%: de 12 a 15 céntimos, mientras que el coste de las llamadas aumentará entre un 10% y un 15%. Ello rompe la tendencia descendente de los precios, que habían ido bajando en los últimos diez años en la medida que se generalizaba el uso del móvil. Movistar, Vodafone y Orange justifican el alza por la entrada en vigor de la prohibición de redondear los precios de las llamadas, medida que va a suponer una caída de ingresos que teóricamente compensarían con los nuevos aumentos.
Las empresas aseguran que no hay acuerdo alguno sobre las tarifas, ya que cada compañía tiene precios distintos en función de cada producto y promoción. Es díficil verificar que lo que van a perder en ingresos al suprimirse los redondeos es equivalente a lo que van a ganar con el alza de las tarifas, pero el argumento es un sofisma, ya que no resulta de recibo que las compañías suban sus precios para cumplir una obligación legal, que es de estricta equidad.
Los tres grandes operadores de la telefonía móvil tienen cuentas de resultados muy saneadas, por lo que había un margen para congelar el precio de los servicios o, al menos, para una subida más moderada.
Defensa de la Competencia va a abrir una investigación para determinar si ha habido un concierto de los tres operadores en la subida de unos precios que ya están totalmente liberalizados. No podemos prejuzgar el resultado, pero sí existe un precedente en Francia, cuyo Gobierno impuso en 2005 una multa de 530 millones de euros a tres operadores por pactar las tarifas. La paradoja es que la liberalización del sector no ha redundado en unos precios menores, como se pensaba, sino en todo lo contrario, lo que indica que algo está fallando en la política de la Administración.
Según un estudio de la Comisión Europea, el precio del teléfono y del ADSL en España es superior a la media de la UE, mientras que el porcentaje de usuarios de internet es sensiblemente más bajo. Algo está fallando en la política de un Gobierno que está demostrado una alarmante incapacidad en el sector de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Mientras que el usuario, inerme ante los abusos, siempre acaba pagando la factura.
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