Esta conflictividad se ha visualizado a lo largo de esta semana con declaraciones y contradeclaraciones, pero también con la llegada al Tribunal Constitucional (TC) del primer recurso contra una norma estatal por invadir competencias de la Generalitat desde la aprobación del Estatut. El martes, el Govern acordó interponer un conflicto positivo de competencias ante el TC contra el decreto sobre educación Primaria elaborado por el Gobierno central.

La Generalitat considera que es a ella y no al Estado a quien corresponde regular el tiempo de lectura diario, las tutorías, la atención a los alumnos que se incorporan al curso de forma tardía, la de los niños con altas capacidades intelectuales y el horario de los contenidos mínimos, que es donde se introduce la polémica tercera hora semanal de clase de castellano.

Sin embargo, el recurso de la Generalitat tiene pocas posibilidades de prosperar a tenor del contenido de un informe elaborado por un catedrático de Decrecho Constitucional que concluye que el Gobierno central «no puede ceder a las comunidades autónomas ni parte del currículo básico de una materia -por ejemplo, lengua española- ni parte del horario (excepto el 10% dedicado a la lengua cooficial)».

Este experto, que realizó el estudio a petición de la diputada del PP en el Parlament Carina Mejías, explica que y «por lo que respecta a las horas de lengua española de las comunidades autónomas con otro idioma, el TC considera que las horas que establece el Estado no son abusivas, sino concretas».

El experto saca estas conclusiones tras un estudio de lo que a este respecto se establece en la Constitución, los estatutos de autonomía, las leyes orgánicas sobre educación, los decretos estatales sobre enseñanzas mínimas, los decretos autonómicos en esta materia, la jurisprudencia del TC y la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tras repasar esta documentación, el catedrático asegura que «el Estado tiene la competencia exclusiva para establecer el currículo básico de cada materia». Y añade que «todos los contenidos establecidos por el Estado tienen que aparecer completos en las adaptaciones que realicen las comunidades».

De acuerdo con esta tesis, el decreto dictado por Madrid se ajustaría a la Constitución, ya que establece unas bases o mínimos del programa escolar, que deben ser comunes para todas las autonomías.Entre estos mínimos estaría el de que los alumnos de Primaria deben recibir tres horas semanales de clase de castellano, frente a las dos horas que se imparten en Cataluña actualmente.

El informe agrega que la asignatura de estructuras lingüísticas -que ahora se da en catalán, aunque el decreto propone que pase a impartirse en castellano- «no se puede impartir en lengua diferente de la castellana», ya que «dada su necesidad, entra en el currículo básico de castellano».

Mejías utilizó este informe para rebatir la moción presentada ayer en el Parlament por la diputada de CiU Irene Rigau en la que los convergentes solicitaban que se lleven al Consell Consultiu cinco decretos sobre educación elaborados por el Ejecutivo estatal.La moción fue rechaza por el tripartito, que considera que el dictamen del Consultiu es innecesario, puesto que el decreto más polémico -el de la tercera hora- ya ha sido recurrido.

PP y Ciutadans también votaron en contra. Mejías pidió al resto de los parlamentarios que se dejen de debates competenciales y se centren «en los muchos problemas reales que padece la comunidad educativa en Cataluña». Y el diputado de Ciutadans Antonio Robles recordó, en la misma línea, que los colegios catalanes deberían priorizar otras cuestiones como «el fracaso escolar, la diversidad, los objetores académicos, la falta de responsabilidad y disciplina o la violencia».

Aunque la moción de CiU no prosperó, sí sirvió a Rigau para cargar contra el conseller d'Educació, Ernest Maragall, por declarar en una entrevista concedida a este diario que en algunos lugares de Cataluña es innecesaria la inmersión lingüística.

«Maragall demuestra que tiene una visión estereotipada del país y un gran desconocimiento, puesto que ignora que la catalanización no va por zonas», indicó Rigau. La diputada nacionalista propuso también que, en lugar de regular la enseñanza a través de decretos, se dicte una ley catalana de educación, una posibilidad establecida en el artículo 131 del nuevo Estatut. Los socialistas prometieron que harán esa ley y que tratarán de pactarla con todos los grupos.