Las altas instancias han descubierto y comprendido a estas alturas -más vale tarde que nunca- algo tan evidente como que, por regla general, las personas que abandonan su país, su entorno familiar y social, para embarcarse en la aventura de empezar de cero, suelen ser gente emprendedora. Gente cualificada, con formación o estudios universitarios, aunque aquí no tengan más opción que llenar los nichos de trabajo que los autóctonos abandonan para trepar por los escalafones del mundo laboral y por lo tanto, social.

La Generalitat descubre ahora lo interesante que podría ser para la economía local aprovechar todo ese potencial. Aquí cabría la reflexión sobre la descapitalización que eso supone para los países de origen de esas personas y la necesidad de contribuir a evitar las causas de la emigración. Eso son palabras mayores.Pero aún teniendo en cuenta que esta ley se promueva, no por una cuestión de derechos fundamentales, sino con vistas a sacar mejor partido a esa gente en beneficio propio, la iniciativa, sobre el papel, resulta no sólo atractiva, moderna y práctica, sino que además es justa. Incluye la convalidación de títulos, programas de formación específica en nuestra lengua, nuestra sociedad y nuestro sistema laboral, mecanismos para que encuentren un puesto de trabajo acorde con su formación y capacidades, y la asignación de un tutor o acompañante a sueldo que facilite esa primera entrada en nuestro mundo, tarea que hasta ahora había recaído en un sector del voluntariado esforzado que por pura solidaridad, siempre suple la desidia de las administraciones.

La aplicación real, sobre el terreno, de esa ley correspondería a los municipios y consejos comarcales, la autoridad competente que vive en contacto -o debería- con la realidad, a pie de calle.La iniciativa es estupenda. Falta ver si su puesta en marcha es siquiera factible.

Elaborar un estudio, redactar y aprobar una ley sobre supuestos teóricos es relativamente fácil. Tenemos leyes magníficas cuya aplicación se hace a veces casi imposible por cuestiones burocráticas, de financiación o de personal, no sólo en lo que respecta a la inmigración, sino a la prevención contra incendios o a la igualdad de géneros, por citar cuestiones locales.

Un proyecto tan ambicioso como hilar tan fino con la población inmigrante de modo que su integración en nuestro mundo laboral responda a sus capacidades es un hermoso titular. Sin embargo, si nuestro gobierno todavía no ha sido capaz de gestionar el fenómeno de la inmigración en sí mismo, si sigue habiendo ciudadanos extranjeros entre nosotros sin posibilidad de regularizar su situación, si el papeleo sigue generando una colas inhumanas, se supone por falta de medios, si los centros de enseñanza siguen teniendo dificultades de personal para sacar adelante las aulas de acogida, que también son un fantástico invento, ¿cómo podrá llevarse a la práctica un proyecto de semejante envergadura?

Sobre el papel las leyes sólo amparan a la ciudadanía si luego no hay medios para aplicarlas. Desde los despachos es fácil diseñar el mundo y establecer cual debería ser su funcionamiento. Desde luego es mejor tener leyes a las que apelar y acogerse que no tenerlas, y ojalá esa ley de acogida llegue a ser aprobada, pero sobre todo, aplicada.