«No es una ley del sector, como quiere decir la ministra Carmen Calvo, es una ley sectaria», afirma un Vasile indignado porque el último borrador endurece aún más las condiciones impuestas a las cadenas de televisión. «Nos dicen cuánto tenemos que invertir en cine y ahora también quieren impedir que gestionemos esa inversión para que el dinero vaya a los bosillos de los productores amigos». «Me opongo rotundamente y quiero que se sepa, porque ésta es una compañía cotizada en Bolsa y yo respondo ante los accionistas», añade.

El consejero delegado de Telecinco -primera cadena española por audiencia-, anuncia que no se sentará a negociar con el Ministerio de Cultura nada relativo a la nueva norma mientras la inversión obligatoria de las televisiones no baje del 5% actual. En ningún caso acepta el 6% previsto en en el borrador de la nueva ley. Ese aumento «es suficiente para decir no rotundamente» y refleja, en su opinión, «una gravísima hostilidad» de Cultura hacia las televisiones.

Vasile señala directamente a Fernando Lara, director general del Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales (ICAA), como responsable de cuanto está ocurriendo . «Lara es el auténtico jefe de los productores, y está dentro del ministerio. Pedro Pérez es sólo un mercenario, que hoy está aquí y mañana puede estar en otro sitio», dice el máximo ejecutivo de Telecinco.

Su crítica va más allá de las personas y señala que con su última propuesta, el Ministerio de Cultura «sólo se ocupa de los productores, no del cine español». «Es una ley para ayudar a los pequeños productores a hacer cine pequeño y meterse el dinero en los bolsillos».

Castigo

«Nos castigan por hacerlo bien, por demostrar que el cine español no es deficitario en actores, operadores o directores y que su problema son los productores, que no lo han sabido explotar», asegura. Recuerda Vasile que salvo Volver de Pedro Almodóvar, el resto de los éxitos de crítica y público de este año -El laberinto del Fauno, Alatriste, Los Borgia y Salvador- han sido financiadas en gran medida por grupos de televisión.

«Los hechos han dejado claro que cuando el productor es un profesional se consiguen grandes películas, reconocidas y premiadas tanto en España como fuera». «Como lo hemos hecho bien, los pequeños productores se han asustado, le han visto las orejas al lobo y han conseguido que Cultura nos impida ahora producir», añade.

Desde su punto de vista, hay más muestras de «hostilidad hacia las televisiones» en el borrador articulado de la Ley del Cine. Expresamente cita la eliminación de la actual deducción del 20%. «Estamos legalmente obligados a invertir una parte sustancial de nuestros ingresos en cine, pero no se nos reconoce como inversión» denuncia.

Además, rechaza la limitación del 30% en la participación, lo cual impediría, en su opinión, la realización de grandes superproducciones como Alatriste. Por último, denuncia la cláusula que obliga a las televisiones a comprar cine europeo a través de intermediarios, cuando tienen «medios más que suficientes» para hacerlo por sí mismas y abaratar los costes.

«En lugar de dedicarse a leer guiones, los productores están todo el día presionando a la ministra y echando la culpa de sus fracasos a los demás: prensa, crítica, distribuidores, público y televisiones», asegura Paolo Vasile. «No quieren reconocer que el público sí responde cuando se le ofrece una buena película, sea española o no», añade.

El consejero delegado de Telecinco cree percibir otro talante en el resto de los departamentos ministeriales que tienen algo que decir en el tema, caso de Industria y la Vicepresidencia Primera. «Si el Gobierno quiere poner las bases para crear una industria cinematográfica potente, la ley no puede salir tal y como está, porque supone, incluso, una marcha atrás», dice.

Por último, Vasile concluye que si la ley se aprueba en su actual articulado, Telecinco «la cumplirá», aunque como cualquier empresa «estudiará si tiene que recurrirla legalmente».

El enfado es generalizado en todas las televisiones, tras recibir el pasado lunes el borrador articulado de Ley del Cine. El Ministerio de Cultura no sólo ha obviado todas y cada una de sus alegaciones, sino que ha endurecido las condiciones impuestas a las cadenas.

Muy a su pesar, y después de recurrir ante todas las instancias posibles, han venido cumpliendo en los últimos años con la obligación de invertir el 5% de sus ingresos en cine español, aunque castiga severamente sus cuentas de resultados. Ese cumplimiento ha dado incluso óptimos resultados, con películas de gran éxito. De ahí que no acierten a entender las razones de Cultura para «apretar aún más las tuercas».

Las televisiones han reiterada su deseo de negociar la nueva ley con los responsables de Cultura, que han elevado la inversión obligatoria al 6%. Hasta ahora el fracaso ha sido estrepitoso, a pesar de haber planteado al departamento de Carmen Calvo alternativas bien diferentes. Todas ellas con la intención «de crear una verdadera industria cinematográfica española, capaz de competir», dentro y fuera de nuestras fronteras.

Las televisiones consideran que las ayudas públicas deben destinarse a la denominada «excepción cultural», es decir, el cine de autor, algunos cortos o escuelas de cine. El cine industrial, en su opinión, no necesita subvención alguna.

En los siete años que lleva en vigor la obligatoriedad de invertir el 5% de sus ingresos en cine español, las cadenas han aportado al sector audiovisual algo más de 819 millones de euros. Curiosamente, y a pesar de las amargas críticas a una ley que les fuerza a financiar otro sector, la aportación de las televisiones superó con creces la suma obligatoria, cifrada en 724 millones de euros para ese periodo.

La única esperanza de las cadenas es que el resto del Gobierno «recapacite y reconduzca el disparate de Cultura», en palabras de un alto ejecutivo. De lo contrario, sólo quedará el camino de los recursos judiciales, por muy lento y costoso que sea.