El pasado 27 de noviembre, Iberdrola y Scottish Power llegaron a un acuerdo amistoso para cerrar una operación valorada en 17.141 millones de euros que daría lugar a la tercera eléctrica europea, después de la alemana E.ON y la francesa GDF.

Iberdrola opera en España y Latinoamérica en los sectores de electricidad y gas, ingeniería, construcción e inmobiliario, mientras que Scottish Power se limita a los mercados del gas y la electricidad en el Reino Unido y, en menor medida, en Irlanda. Y, su fusión, es una prueba más del proceso de integración que están llevando a cabo las empresas energéticas en la UE.

Según Bruselas, la operación no va a perjudicar a la competencia ya que el grupo resultante aún deberá hacer frente a fuertes competidores en todos los mercados en los que opere. De hecho, los solapamientos solo se producirán en los mercados europeos de la denominada «electricidad financiera» y de derechos de emisiones de CO2, pero en ambos casos -destaca la Comisión- «es muy limitado». La fusión no supondrá obstáculos para la competencia en el conjunto del mercado británico, donde Iberdorla planea desarrollar parques eólicos.

Respecto a los incentivos fiscales que Iberdrola podría obtener en España por la compra del grupo escocés, la Comisión no cree que vayan a suponer un perjuicio a la competencia en el mercado energético, ni en España ni en el Reino Unido. De hecho, en España, las empresas nacionales que adquieren acciones en compañías extranjeras pueden amortizar el coste del fondo de comercio y deducirse de los impuestos hasta el 12% del precio pagado si la compra lleva a un incremento de las exportaciones.

Según Bruselas, aunque estos incentivos podrían aumentar la fortaleza financiera de la compañía y afectar a la competencia en el mercado energético «no va a suceder en este caso». Según los cálculos de la Comisión Europea, la compra de Scottish Power podría reportar a la eléctrica española un beneficio fiscal de hasta un 10% de los ingresos del grupo escocés en 2006.