Unas conversaciones grabadas al presidente del Grupo Anfi (una compañía especializada en clubes vacacionales), Santiago Santana Cazorla -detenido en la operación Góndola, que investiga presuntas corruptelas urbanísticas en el municipio grancanario de Mogán-, con el presidente del Ejecutivo canario llevó al juez que investiga este caso a elevar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una pieza separada para que decidiera sobre la implicación de varios aforados en esta causa, entre ellos, Adán Martín.

Ayer, el TSJC decretaba el archivo de las diligencias por no ser constitutivos de delito los hechos referidos, «lo que determina que este tribunal no tenga competencia para realizar investigación alguna referida a los mencionados hechos y a las personas aforadas que en ellos constan», según recoge textualmente el auto judicial. Además de Martín, las sospechas también afectaban al consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Domingo Berriel.

Para Martín, la Justicia ha venido a restablecer lo que se ha demostrado «como prejuicios desproporcionados sobre lo que puede o no hacer, sobre lo que puede o no hablar un presidente».

Aumentar sospechas

Según Martín, las «filtraciones» a la prensa sobre la existencia de una pieza judicial elevada al TSJC sirve como «un pábulo más para que Canarias, injustamente, apareciese como un vergonzoso nido de corrupción».

Y el presidente autonómico añadió: «Las filtraciones son parciales y muy orientadas a incrementar las sospechas sobre el presidente que les habla, sobre el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y el director general de mi gabinete, a pesar de que ni siquiera existían indicios, como dice el tribunal».

El presidente de Canarias fue muy crítico con el TSJC y la Jefatura Superior de Policía de las islas: «Bien desde el Juzgado de Instrucción o bien desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se han de ofrecer las explicaciones debidas sobre hechos y filtraciones. Me preocupa seriamente que con tanta facilidad se haya vulnerado la tutela policial y/o judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos».

Lo grave de esto, según Martín «es el uso y abuso que se ha hecho de una conversación con el evidente ánimo de echar por tierra una trayectoria política» de la que se siente «francamente orgulloso».

Adán Martín denunció el uso del aparato del Estado de forma partidista y declaró que «Canarias no puede estar sometida al capricho de los que juegan sin rigor alguno con el buen crédito de las personas y de sus instituciones desde las propias entrañas de los poderes del Estado».