Los cuatro detenidos quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez. A los dos concejales y al arquitecto se les imputa por tres delitos de cohecho, mientras que la mujer está acusada de otro delito de cohecho por el cobro de comisiones ilegales a cambio de favores urbanísticos.

Los cuatro resultaron presuntamente implicados en la operación contra la corrupción urbanística llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Vigo y de Madrid en el municipio pontevedrés de Gondomar, gobernado por el PP. Una operación que, fuentes próximas a la investigación, no dan por cerrada y en la que podrían producirse más detenciones. Las fuentes consultadas explicaron que la investigación permanece «abierta», bajo la responsabilidad del fiscal coordinado de medio ambiente y urbanismo del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo.

El alcalde de Gondomar, Carlos Silva, manifestó en rueda de prensa que su Gobierno está «tranquilo» y «presto a colaborar» con la Justicia, mientras que desde la oposición local -PSdeG y BNG- demandaron la paralización del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), recientemente aprobado.

Primer filtro

Silva desechó la posibilidad de que las detenciones tuvieran relación con el citado Plan, cuya tramitación defendió como «totalmente legal», aunque reconoció que «no pasó el primer filtro» de la Xunta, según él, porque la Consejería de Política Territorial está «saturada».

Pese a admitir que no disponía de «ninguna información» de primera mano, Silva opinó que «estaríamos hablando de actuaciones personales». El alcalde, además de apelar a la «presunción de inocencia», puntualizó que el arquitecto detenido no tiene «ninguna relación» con el Consistorio, sino que tiene un despacho privado en Vigo. Por otra parte, eludió evaluar que la operación se produzca a tres meses de las elecciones municipales. «No es momento de opinar, sino de ser prudentes», dijo.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, enumeró casos de desobediencia del municipio de Gondomar a normas y sentencias, e indicó que las detenciones de anoche son una «lección», de la que el PP debe tomar nota, para sumarse a las medidas de protección del territorio que impulsa el Gobierno gallego.

En su opinión, «es difícil encontrar un caso más claro de insubordinación y confrontación contra la norma, los tribunales y las sentencias reiteradamente incumplidas, en desacato permanente» por el Ayuntamiento de Gondomar.

Así, el presidente gallego recordó que en noviembre de 2001 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló el plan general de Gondomar, lo que no fue acatado, y en 2005 el fallo fue confirmado por el Supremo.

Por su parte, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, reclamó a los fiscales «la misma independencia» de los jueces, y les pidió que actúen siempre «con rigor» y no por orden de sus superiores, «cuando estas órdenes no son estrictamente judiciales». Demandó, además, y sobre todo, que ser miembro del PP no sea una «agravante». En cualquier caso, Feijóo expresó su confianza en los jueces y aseguró que «si alguien mete la mano, tiene que caer sobre ellos el peso del Estado de derecho».

Desde la misma formación, el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, expresó sus «sospechas» por la actuación del Ministerio Fiscal contra cargos de su partido tras las detenciones de ayer en Gondomar, y se preguntó «por qué ese despliegue mediático» cuando en otra actuación similar, como la Operación Muralla en Lugo, según recordó, «quedó en nada».

Por otra parte, el portavoz del BNG en el Parlamento gallego, Carlos Aymerich, reclamó al popular Feijóo que haga una «limpieza interna» en las listas de su partido. Recordó que el Bloque lleva denunciando reiteradamente los «atentados» de que fueron objeto militantes nacionalistas de este municipio, agresiones que «fueron justificadas por Silva, actual alcalde, cuando dijo que «algo harían» los agredidos.