El equipo que dirige Luis Peral en la Consejería de Educación lleva meses trabajando en una norma que debería atajar los casos de violencia en los colegios que se han repetido en los últimos meses. Como explicó el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, el régimen de sanciones se endurecerá hasta el punto de llegar a la expulsión de los alumnos en los casos más graves de agresiones o en los casos en los que se graben o difundan agresiones o humillaciones.

Cada centro tendrá un código de buenas conductas que otorgará más autoridad a los profesores y directores, prohibirá el uso de cualquier aparato electrónico en clase que pueda distraer la atención y establecerá como faltas más graves -sancionadas con la expulsión- los comportamientos de acoso y violencia escolar o los que atenten contra la integridad y la dignidad de las personas.

Las infracciones de normas que no se deriven de circunstancias agravantes se considerarán faltas leves y podrán ser sancionadas de forma inmediata por cualquier profesor.

Por ejemplo, se considerará falta leve el uso de teléfonos móviles y aparatos eléctricos en clase. La reiteración de estos comportamientos podrá ser castigada con trabajos después de clase o con la suspensión del derecho de asistencia al colegio por un plazo máximo de seis días.

Las mismas sanciones se impondrán a quienes cometan actos graves de indisciplina, a los que tengan faltas de asistencia reiteradas y sin justificar o a los que provoquen daños en las instalaciones.

Las faltas más graves, que deberán ser probadas, se sancionan con la suspensión del derecho de la asistencia a clase, el cambio del centro o, en último caso, la expulsión.

El Ejecutivo pretende, explicó González, ayudar a las víctimas de acoso y violencia escolar y que sea el agresor el que esté obligado a cambiar de centro y no el agredido.

La propuesta de la Comunidad de Madrid fue acogida con división de opiniones. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos aseguró que la Consejería «va por mal camino» si pretende mejorar la convivencia prohibiendo el móvil. Por su parte, CCOO destacó que el Gobierno regional ha elaborado el borrador «de espaldas a la comunidad educativa».

Otras asociaciones acogieron la propuesta -que la Comunidad quiere discutir con toda la comunidad educativa- más positivamente. Fue el caso de la Confederación de Madres y Padres de Alumnos (Cofapa) o por la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza (ANPE).

Lea opiniones sobre la propuesta de la Comunidad en Ciudadano M (pág. 6).