El objetivo del acuerdo, propuesto por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, es «facilitar» un instrumento que haga compatible el respeto a los requisitos establecidos para la entrada, residencia y trabajo de extranjeros en España con la internacionalización de nuestra economía, a través de la presencia de trabajadores extranjeros. Podrán acogerse a este procedimiento los empleadores que requieran la incorporación de trabajadores extranjeros no comunitarios para ocupar puestos directivos o altamente cualificados de empresas, o empleadores que desarrollen actividades que supongan la realización de inversiones o creación de puestos de trabajo en España.

También son objeto de esta regulación los técnicos y científicos altamente cualificados, contratados por las Administraciones, y aquellos que vengan a desarrollar trabajos de investigación a centros científicos privados. Asimismo se ven afectados los profesores extranjeros contratados por una universidad.