El 17 de febrero de 2003, poco después de salir de su casa y cuando se dirigía a la mezquita de Milán, un hombre grandullón y con una poblada barba oscura conocido como el imam Abú Omar desaparecía inexplicablemente en mitad de una calle sin dejar rastro. Ayer, casi exactamente cuatro años después de aquel suceso, la jueza Caterina Interlandi dispuso que 26 agentes de la CIA y varios miembros de los servicios secretos militares italianos, incluido el que hasta hace poco fuera su máximo responsable, se sentarán en el banquillo de los acusados para rendir cuentas a la Justicia italiana por el secuestro del clérigo.
Ya es oficial: el primer juicio con cargos criminales por los llamados vuelos de la CIA (como se denominan las detenciones extrajudiciales en suelo europeo llevadas a cabo por la Administración de George W. Bush en nombre de la lucha contra el terrorismo islámico) arrancará en Italia el próximo 8 de junio en la IV sección penal del Tribunal de Milán. Probablemente, ni uno sólo de los agentes de la CIA imputados comparecerá en el mismo: el Gobierno italiano -ni el anterior de Silvio Berlusconi ni el actual de Romano Prodi- jamás ha solicitado al de Estados Unidos la extradición de los 26 miembros de la Central de Inteligencia Americana acusados del secuestro de Abú Omar, a pesar de que el ministro de Justicia, Clemente Mastella, tiene sobre su mesa desde hace semanas la petición de extradición solicitada por la Fiscalía de Milán.
Aunque se decidiera a firmarla, lo más probable es que la Administración Bush se niegue a concedérsela, por lo que en el caso de ser condenados los miembros de los servicios secretos americanos no llegarían a cumplir la pena que les fuera impuesta. Al fin y al cabo Estados Unidos admite -y considera legítimo- el traslado a terceros países de sospechosos de terrorismo, aunque niega que los someta a torturas.
«Sin comentarios», era la lacónica respuesta con la que la CIA reaccionaba ayer a la noticia de que 26 de sus agentes -incluido el que fuera su máximo responsable en Italia, Jeff Castelli, y su hombre fuerte en Milán, Robert Seldon Lady- vayan a ser juzgados -casi seguro en rebeldía- por el secuestro de Abú Omar. Pero Nicoló Pollari, el ya ex jefe de los Servicios Secretos Militares Italianos (SISMI), y Marco Mancini, el que fuera director de los servicios de contraespionaje del país transalpino, sí que serán juzgados de cuerpo presente, por lo que si fueran declarados culpables cumplirían la condena. Y lo mismo cabe de otros dos altos cargos del SISMI y de los agentes Raffaele Ditroia, Luciano Di Gregorio y Giuseppe Cierra.
La Fiscalía sostiene que un equipo liderado por agentes de la CIA y ayudado por miembros de los servicios secretos abordaba en febrero de 2003 a Abú Omar en una calle de Milán y, en contra de su voluntad, lo introducía a la fuerza en una furgoneta blanca. El imam, siempre según la reconstrucción de los hechos de la Fiscalía, fue conducido entonces a la base americana de Aviano, en el norte de Italia, de donde fue trasladado en un vuelo de la CIA a Ramstein, en Alemania, para acabar siendo transportado a Egipto.
«Un despojo humano»
Allí Abú Omar fue ingresado en la cárcel de Al Tora, al sur de El Cairo, donde, según su testimonio, fue sometido a torturas salvajes: descargas eléctricas en las partes más sensibles de su cuerpo -incluidos los genitales-, amenazas de violación, encierro en una gélida cámara frigorífica para luego ser recluido en una sauna asfixiante... «Me han reducido a un despojo humano», aseguraba el clérigo en declaraciones a la agencia italiana de noticias ANSA tras salir de prisión el domingo pasado, después de cuatro años entre rejas.
El jefe de los Carabinieri Luciano Pironi -que ha pactado con la Justicia una condena de un año, nueve meses y 10 días de cárcel por su participación en el secuestro de Abú Omar- ha confesado haber dado el alto al imam de la mezquita de Milán para que los agentes de la CIA pudieran echarle el guante. Pero en su declaración afirma que sus superiores le habían dicho que el objetivo de la misión era reclutar al religioso musulmán, no secuestrarle, y que la operación contaba con el visto bueno de Roma y de Washington.
El ex jefe de los servicios secretos italianos Nicoló Pollari sostiene, por su parte, que ni él ni el organismo que lideraba han cometido ninguna irregularidad. Pero, lamentablemente, afirma que la prueba de sus afirmaciones se encuentra en unos documentos clasificados como secreto de Estado. Además, Marco Manzini, el brazo derecho de Pollari, ha declarado que la CIA solicitó al SISMI ayuda para secuestrar a Abú Omar, pero que los servicios secretos italianos se negaron a colaborar porque se trataba de una ilegalidad.
El envío a juicio de 26 agentes de la CIA y de varios miembros de los servicios secretos transalpinos enfurecía ayer a la oposición de centroderecha italiana. «Es muy grave. Es un auténtico suicidio del Estado y de la seguridad», se quejaba Sandro Bondi, coordinador de Forza Italia, el partido que lidera Silvio Berlusconi. «Supone perseguir a quien combate el terrorismo», sentenciaba Maurizio Gasparri, ex ministro de Comunicación del Cavaliere y miembro de Alianza Nacional.
