El escándalo de las relaciones peligrosas entre políticos y paramilitares, que ya ha llevado a prisión a seis senadores y a dos congresistas, tiene contra las cuerdas a una de las estrellas más rutilantes del Gobierno de Alvaro Uribe. Si bien la Ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, seguirá en su puesto a pesar de la detención de su hermano, el senador Alvaro Araújo, analistas, periodistas y miembros de la oposición consideran que su permanencia perjudicará tanto su labor como la imagen del país.
La ministra, que ocupó la cartera de Cultura en la anterior legislatura, ya presentó su dimisión en diciembre pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia llamó a su familiar a declarar por supuestos vínculos con Jorge 40, uno de los principales líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero el mandatario no aceptó su renuncia. En esta ocasión, volvió a respaldarla a pesar de que no sólo está detenido su hermano, sino que la Fiscalía llamó ayer a declarar a su padre, el ex ministro Alvaro Araújo Noguera, acusado de secuestro. Además, también tendrá que responder otro hermano, Sergio, por presuntas relaciones con Jorge 40.
Con el ingreso en la cárcel La Picota de Bogotá del senador, cuya captura se produjo el jueves por la noche, parecía que la decisión sería otra. Pero José Obdulio Gaviria, principal asesor político de Uribe, ya había adelantado a EL MUNDO que no darían un paso empujados por los medios de comunicación.
María Consuelo Araújo, una política que muchos consideran honesta y eficaz, sin vínculos con los paramilitares, insistió ayer desde la sede del Ministerio que se quedaba: «Respeto y acato las decisiones de la Justicia. Sobre mi permanencia en el cargo ya el señor presidente se ha manifestado [a favor]. Es un momento difícil para mí, pero así como lo he hecho siempre en mi vida pública, voy a seguir trabajando con honradez, eficacia y alegría».
Además de Alvaro Araújo, fueron detenidos otros tres importantes senadores -Mauricio Pimiento, Dieb Maloof y Luis Eduardo Vives- y el diputado Alfonso Campo. Un sexto representante con orden de captura, Jorge Luis Caballero, se encuentra en paradero desconocido. Todos ellos son originarios de departamentos costeros -César y Magdalena-, donde Jorge 40 ejercía un control casi absoluto sobre las instituciones locales y políticas.
La Corte Suprema, órgano que los juzga en única instancia por disfrutar los políticos mencionados de un fuero especial, considera que tienen pruebas suficientes que demuestran que todos se beneficiaron de los paramilitares o fueron fichas de grupos armados. Sobre Alvaro Araújo va más lejos y le acusa de haber participado, junto a su padre, en el secuestro de un rival político.
Todos ellos son miembros de la coalición uribista en las Cámaras. «Hace cuatro años criticaban a los paramilitares en los cócteles de Bogotá», aseveró ayer el presidente, para agregar que ahora, gracias a la desmovilización de las AUC y a la Ley de Justicia y Paz, la Justicia está actuando.
También el jueves por la noche la Fiscalía de la Nación anunció que llamará al gobernador de César, Hernando Molina Aráujo, primo de la ministra, para que responda por supuestos vínculos con Jorge 40. No sólo habría recibido fondos del jefe paramilitar destinbados a financiar su campaña electoral, sino que venció en los comicios como candidato único gracias a que las AUC obligaron a punta de pistola a los demás aspirantes a retirarse.
Cabe recordar que, en diciembre de 2006, otros dos senadores y un congresista, además de cuatro diputados regionales y un ex gobernador, también fueron encarcelados con las mismas acusaciones. Todos pertenecen a la coalición gobernante, conformada tras la aplastante victoria de Uribe en las elecciones presidenciales del año pasado.
Algunos de ellos, como Dieb Maloof, fueron señalados como paramilitares antes de celebrarse los comicios, razón por la cual los dos principales partidos vinculados al presidente, Cambio Radical y el Partido de la U, le expulsaron de sus listas. Pero tanto Maloof como otros en su misma situación terminaron encontrando acomodo en otras formaciones políticas próximas al jefe de Estado.
El vicepresidente Francisco Santos le dijo a EL MUNDO que no cree que estos hechos afecten la imagen del Gabinete. A su juicio, el de Uribe es el Gobierno que más ha hecho en Colombia por que se conozca la verdad sobre los nexos de los grupos ilegales con la clase política y el único dispuesto a que no se cierre en falso, como ocurrió en el pasado.