Otra cosa son las medidas dirigidas a dotar de viabilidad al sistema. La reforma incluye el aumento del periodo mínimo de cotización de 12,5 a 15 años efectivos, la exigencia de 61 años para jubilarse de manera parcial -uno más que en la actualidad- y el incentivo a quienes decidan trabajar más allá de los 65 años de una bonificación de entre el 2 y el 3% anual de sus pensiones.

Son en su conjunto medidas en la dirección acertada, pero de reducido alcance, y en ningún caso justifican la euforia del ministro de Trabajo cuando aseguraba ayer que «el futuro del sistema público de pensiones está garantizado».

La propia Oficina Económica del Gobierno hacía cálculos más realistas hace unas semanas cuando calculaba que la balanza entre los ingresos por cotizaciones sociales y el pago de las prestaciones entrará en déficit en 2011.

El boom de la inmigración ha permitido aumentar en estos últimos años el Fondo de Reserva, que asciende con la última ampliación a más de 40.000 millones. Pero el envejecimiento de la población española se sigue acentuando y es muy posible que a finales de la próxima década superemos ya el umbral de los 15 millones de pensionistas.

Hace falta una visión a largo plazo que aborde este debate con mayor seriedad. El Gobierno, que comenzó sembrando la confusión con su intención de desincentivar los planes de pensiones privados, reconoce con esta reforma que existe un problema en ciernes. Dada la timidez de las iniciativas, debería ir pensando ya en la reforma de la reforma.