Los especialistas de seguridad laboral asesoran a los funcionarios de la Administración de Justicia en «aspectos técnicos» del mundo de la empresa y de la prevención laboral para que puedan actuar con mayor conocimiento de causa en «aquellos casos en los que se pueda apreciar delito». La vía fiscal es una más de las previstas por la Generalitat para poner coto a la siniestralidad laboral en Cataluña, para lo que también quiere contar con la ayuda de los Mossos d'Esquadra. La consellera de Treball, Mar Serna, ya ha señalado en varias ocasiones que se formará a los efectivos de la Policía Autonómica para que puedan actuar de forma preventiva, si bien esa posibilidad está pendiente de un acuerdo con el Departament d'Interior. Los Mossos recibirán el mismo tipo de formación que actualmente reciben los fiscales.

En el caso de los fiscales, podrán actuar en base a dos delitos reconocidos: el de situación de riesgo de los personas, tipificado en el Código Civil, y el de daños a la salud. Sólo el segundo, posterior a accidentes, se ha desarrollado ampliamente en los últimos años.

Tanto la vía policial como la judicial vienen a completar el objetivo de un mayor control de los responsables de la inspección laboral, que ha contado con un aumento de 50 efectivos en el cuerpo de técnicos. Es una de las respuestas contempladas en el programa de gobierno del nuevo tripartito, y que vienen al dedillo al repunte de la siniestralidad registrado el año pasado y a la concentración de siniestros mortales en lo que va de año 2007.

La detención por parte de la Policía Autonómica de uno los responsables de la contratación de dos trabajadores paquistaníes que fallecieron en la obra del Poblenou el pasado lunes y la imputación del presidente de Habitat, Bruno Figueras, por las cinco víctimas mortales del pasado mes de julio, apuntan a que las medidas coercitivas y penales se van a incrementar en el futuro.

De hecho, con ese objetivo se creó una unidad en la Fiscalía especializada en accidentes laborales, coordinada desde entonces por Raquel Amado. Los nuevos fiscales especializados se reunieron el pasado mes de noviembre con representantes de la Administración autonómica, de los sindicatos y de la patronal alrededor de la mesa de Salud Laboral. Es previsible que a partir de ahora la Inspección de Trabajo se muestre mucho más activa en la remisión de actas a Fiscalía. En 2004 sólo envió cuatro y, un año después, ese número se disparó hasta las 26 actas. Pero también se persigue que la Fiscalía potencie su actuación de oficio ante casos que considere penales. Sea como sea, la vía judicial cuenta con más confianza sindical que la sancionadora que ha utilizado hasta ahora la Inspección del Trabajo, y que el pasado año contó con 3.743 actas de infracción por un valor total de 15,6 millones de euros.

Pero acudir a la Policía o a la fiscalía no contenta a todos los protagonistas de los accidentes laborales. Blanca Bermejo, directora de la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales a la Pyme, dependiente de la patronal fomento del Trabajo, considera que la prevención es responsable de todos los agentes que participan y que, en cambio, «no figura en la agenda de nuestros políticos».«Hay actuaciones que no es que no sean malas, sino que no es el momento de aplicarlas», apunta sobre el llamamiento a la actuación fiscal.

Neus Moreno, secretaria de Salud Laboral de CCOO, considera «importantísima» la actuación judicial que puedan desempeñar los ficales tras comprobar que los «empresarios se saltan la ley sin remordimientos», y destaca la importancia de la vía judicial con los esfuerzos efectuados por su sindicato para personarse en diferentes casos, como el de Habitat, pese a su coste.

En cambio, Dionís Oña, secretario de Salud Laboral de UGT, es de la opinión de que la imputación de directivos de empresas será una «fórmula disuasoria más efectiva que las medidas sancionadoras, porque hablamos de responsabilidades penales».