BARCELONA.-
El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, denunció ayer que «el derecho a la vivienda se ha convertido en una lotería», por culpa de la políticas del actual gobierno municipal sobre este tema, las que calificó de «cero a la izquierda».
Según Fernández, al elevado precio de la vivienda de la ciudad, se añade la también elevada fiscalidad, con el IBI (Impuesto Sobre Bienes e Inmuebles) «más alto del Estado Español». Según Fernández Díaz, los distintos distritos de la ciudad no deberían pagar los mismos impuestos municipales ya que «es injusto que los barrios paguen lo mismo por servicios desiguales».
Para el alcaldable, lo primero que se debe cambiar es que el gobierno municipal deje de subastar el suelo público de Barcelona, algo que ha hecho «sólo para sanear los fondos públicos» y que en vez de ello, «compre suelo privado para así construir viviendas de protección social».
El líder popular denunció las «pocas» viviendas sociales finalizadas durante los cuatro años de tripartito. Según él, uno de los ejemplos es el sorteo realizado el pasado jueves, «cuando de las 1.500 viviendas, sólo estaban finalizadas 75». Además de las políticas de creación de nueva obra, para el popular son también necesarias las «políticas de rehabilitación», y puso el ejemplo de pisos que no disponen de ascensor, algo que incide en la tercera edad.
El PP, según Fernández Díaz, dirigirá su discurso «a las rentas más modestas y a las clases medias», un sector que «no puede comprar un piso porque no puede acceder a una hipoteca y tampoco puede acceder a los pisos protegidos». Además también pretende hacer suyo los votos «socialistas de aquellos barrios, la mayoría del PSC, donde ha fracasado la políticas en seguridad ciudadana o immigración».
Precisamente, la immigración es uno de los temas que afectan a las políticas de vivienda y que Fernández quiere actuar. Señaló que los immigrantes «absorven» gran parte de los recursos de que disponen los servicios sociales, así que para «atender a las prioridades de todos», propuso dificultar el acceso de los immigrantes a la vivienda social, a base de elevar de cinco a 10 los años de empadronamiento que los immigrantes deben demostrar para pedir una vivienda social.
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